JpD critica la "sobreactuación" de Interior en el caso del pederasta

  • Jueces para la Democracia ha manifestado hoy que "las ansias del Ministerio del Interior de rentabilizar la detención" del supuesto pederasta de Ciudad Lineal (Madrid) "lo han llevado a una sobreactuación en la que se han traspasado los límites recomendables desde la perspectiva de las garantías procesales".

Madrid, 2 oct.- Jueces para la Democracia ha manifestado hoy que "las ansias del Ministerio del Interior de rentabilizar la detención" del supuesto pederasta de Ciudad Lineal (Madrid) "lo han llevado a una sobreactuación en la que se han traspasado los límites recomendables desde la perspectiva de las garantías procesales".

En un comunicado, esta asociación judicial expresa su preocupación por el aumento de ataques que ha detectado al derecho fundamental a la presunción de inocencia y llama a la responsabilidad de instituciones, medios de comunicación y sociedad en general para que se respeten garantías y principios básicos del Estado de derecho.

Jueces para la Democracia (JpD) recuerda que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que implica que nadie puede ser considerado culpable de una infracción penal hasta que no exista una sentencia condenatoria firme.

Relata que "recientemente se ha producido la detención de un supuesto pederasta por hechos que se habrían cometido en Ciudad Lineal, lo que ha generado un verdadero linchamiento institucional y social que vulnera la presunción de inocencia".

"Cierto es que se trata de unos hechos especialmente graves que han generado una enorme preocupación en la sociedad y ha motivado grandes esfuerzos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para esclarecer los hechos", añade.

Sin embargo, JpD estima que ello "no justifica que desde el Ministerio del Interior se hayan difundido datos e imágenes que contribuyen a crear una idea de culpabilidad de la persona imputada".

Agrega que "la exposición de la persona detenida a través de reportajes policiales se ha producido en términos que parecen presumir la autoría de los hechos imputados, y las ansias de ese departamento ministerial de rentabilizar dicha detención lo han llevado a una sobreactuación en la que se han traspaso los límites recomendables desde la perspectiva de las garantías procesales".

Asimismo, indica que "desde numerosos medios de comunicación se ha decretado la responsabilidad criminal del imputado sin respetar las reglas fundamentales del proceso desde una perspectiva de configuración del sistema judicial, concebido como espectáculo morboso".

Todo ello -señala- puede afectar a determinadas diligencias instructoras como las ruedas de reconocimiento "y no cabe justificarlo amparándose en el derecho legítimo de la ciudadanía a ser informada de todas aquellas actuaciones que puedan afectar a su seguridad y la de sus familias".

Por otra parte, JpD pone también como ejemplo de su preocupación por el aumento de ataques a la presunción de inocencia, el caso de la denuncia de una supuesta agresión sexual en Málaga en el que se difundieron con gran amplitud todo tipo de informaciones y opiniones -indica- que señalaban como culpables a los imputados sin que existiera condena alguna.

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