Jpd denuncia el “inquietante estilo autoritario” que ampara la expulsión del juez redactor de la constitución catalana

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) arremetió hoy contra la decisión con sesgo “político” y “desproporcionada” adoptada por el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que ha propuesto, amparándose, según la asociación, en un “inquietante estilo autoritario”, la expulsión de la judicatura del magistrado Santiago Vidal, que participó en la redacción de una hipotética Constitución catalana.
Fonsenca-Herrero está tramitando un expediente disciplinario a cuya conclusión ha propuesto la separación del juez de la carrera judicial, basándose en la participación de Vidal en la redacción de una posible Constitución catalana y en sus opiniones sobre el derecho a decidir.
El Promotor considera que estos hechos constituyen una falta de ignorancia inexcusable de los deberes judiciales, por vulnerar el deber de fidelidad a la Constitución, pero JpD entiende que esta visión de los hechos tiene un “carácter marcadamente ideológico”.
Esta asociación, recuerda que anteriormente se produjo un amplio debate jurídico sobre el derecho a decidir, en relación con la consulta que se quería plantear en Cataluña. En ese contexto, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, “expresó públicamente que el derecho a decidir no tenía cabida en el vigente texto constitucional y no hubo ninguna consecuencia disciplinaria ante esta legítima opinión”, relata JpD en una nota de prensa.
Destaca que 33 magistrados suscribieron un manifiesto en el que opinaron “legítimamente que el derecho a decidir era compatible con la Constitución”. Pero en este caso, continua esta asociación, el Promotor de la Acción Disciplinaria inmediatamente “incoó diligencias contra este colectivo de magistrados, en una manifiesta vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley”.
Las diligencias se mantuvieron abiertas durante casi un año, para acabar archivándose por considerar que se trataba de opiniones amparadas por la libertad de expresión lo cual, a ojos de JpD, “era evidente desde el primer día”. Pese al archivo, el Promotor “reprendió con torpeza” a los firmantes por lo equivocado de su punto de vista jurídico, en una actuación que resulta “incompatible con la neutralidad exigible a un órgano disciplinario”.
JpD denuncia que el Promotor “olvida” que la Constitución “ampara tanto a quien defiende su contenido como a quien discrepa del mismo”. Y que la libertad de expresión y de creación jurídica permiten realizar aportaciones que modifiquen el actual marco constitucional. “Y más todavía cuando un magistrado realiza estas aportaciones en su tiempo libre, al margen de su actividad jurisdiccional”, dicen.
JpD concluye que la propuesta de expulsión por emitir determinadas opiniones “no tiene precedentes en nuestro país y resulta abiertamente desproporcionada. Supone una lesión grave del principio de inamovilidad judicial. Y desprende un inquietante estilo autoritario, de falta de respeto a la pluralidad propia de un sistema democrático, que va en la línea de determinadas actuaciones del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes”.