JpD denuncia los intentos de deslegitimar al juez de la causa de los trajes

Valencia, 15 dic.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha asegurado hoy que los intentos de deslegitimar la actuación del juez de la denominada "causa de los trajes" del caso Gürtel, en la vista que desde el lunes se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, "se sitúan fuera de la Constitución".

En un comunicado, JpD ha criticado las manifestaciones que, en los últimos días, han cuestionado la independencia e imparcialidad de Juan Climent, magistrado que preside el Tribunal del Jurado que juzga al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al exsecretario regional del PP Ricardo Costa, aunque no citan expresamente ninguna de ellas.

En la declaración del pasado martes ante el tribunal, Francisco Camps (PP) aludió al cargo que ocupó Juan Climent en el Gobierno autonómico valenciano presidido por el socialista Joan Lerma para explicar que la Presidencia de la Generalitat no tiene competencia sobre la adjudicación pública.

Jueces para la Democracia recuerda que cualquier magistrado "puede ser recusado, de acuerdo con las causas establecidas por la ley. Si ninguna de las partes del proceso ha ejercido el derecho de recusación, necesariamente se debe llegar a la conclusión de que el magistrado Juan Climent actúa con plena independencia e imparcialidad".

Para JpD resultan preocupantes "determinados intentos de deslegitimar la actuación judicial, porque atentan contra la esencia misma del Estado de Derecho y contra el principio de separación de poderes. Y, por tanto, se sitúan al margen de la Constitución, que reserva al poder judicial la función de interpretar la ley y de poder enjuiciar la actuación de cualquier cargo público".

Según la asociación judicial, de carácter progresista, "los magistrados deben aplicar la ley en conciencia y sin estar sometidos a descalificaciones públicas o a presiones de ninguna clase, que sólo pretenden socavar la credibilidad social sobre el funcionamiento de los tribunales, como ocurre en el presente caso".

La nota recalca que una democracia constitucional "tiene como requisito esencial que el poder judicial pueda desempeñar su labor y que se puedan juzgar las actuaciones de los cargos públicos".

JpD recuerda que ataques similares ya se produjeron durante "la instrucción de la causa, en la que se cuestionó de forma descalificatoria la actuación del juez instructor, José Flors, por parte de diversas autoridades de la administración valenciana".

Pese a estas descalificaciones, el Tribunal Supremo "confirmó de forma unánime las resoluciones del juez instructor, al apreciar indicios de delito en la conducta de los imputados", recalca el comunicado, que asegura también que José Flors y Juan Climent "son magistrados independientes, de reconocido prestigio y que cuentan con el respeto del conjunto de la judicatura".

Desde el respeto a la presunción de inocencia, JpD solicita que los órganos judiciales previstos por la ley puedan administrar "rectamente justicia y cumplan con su función, sin estar sometidos a ningún tipo de presión. Ello implica que el presidente del tribunal, Juan Climent, y los miembros del jurado deben poder actuar sin estar sometidos a descalificaciones".