Viernes, 20.09.2019 - 00:07 h
Fue condenado a 20 años

Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya, queda en libertad condicional

Ha pasado el último año en régimen de tercer grado con control telemático tras colaborar en la reinserción de reclusos y exreclusos.

El cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, en una imagen de archivo. EFE DANIEL PÉREZ
Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya, sale con la libertad condicional / Efe

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de La Audiencia Nacional ha dejado en libertad condicional a Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya. Roca fue condenado por orquestar la mayor trama de corrupción urbanística de Marbella e ingresó en prisión en marzo de 2006, el último año en régimen de tercer grado con control telemático tras ofrecerse a colaborar con Cáritas en la reinserción de reclusos y exreclusos.

El que fuera exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella fue condenado a 20 años de prisión, tras la acumulación de penas efectuada por el tribunal en 2016, cuando ya llevaba en prisión preventiva desde el 29 de marzo del 2006 "sin haber obtenido ni un solo permiso" hasta aquel momento. Esta semana, el juez de Vigilancia Penitenciaria ha acordado su libertad condicional al cumplir los requisitos previos: haber satisfecho tres cuartas partes de la condena y haber pasado al régimen abierto.

Juan Antonio Roca estaba cumpliendo condena firme por los casos Saqueo 1, Minutas, Belmonsa, Urquía y Malaya. El encargado de los asuntos urbanísticos de Marbella durante el mandato como alcalde de Jesús Gil fue condenado por hechos en su etapa de gerente de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí entre los años 1991-2006.

Solo por el caso Malaya el Supremo le condenó a 17 años de cárcel, con lo que endureció su pena en seis años de prisión sobre la sentencia de la Audiencia de Málaga, según informa Efe. El alto tribunal revisó los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga en el caso Malaya, un fallo que añadió para Roca un delito fiscal por el ejercicio del 2002 y que le agravó las penas por cohecho y blanqueo de capitales.

El agravamiento del castigo se debió a que el Supremo aceptó algunas de las peticiones del fiscal, que recurrió contra la Audiencia Provincial, por lo que también fue condenado por los delitos citados y por los de prevaricación y fraude.

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