Juan José Cortés urge a buscar una "solución efectiva" al sistema judicial

Huelva, 9 ene.- Juan José Cortés, padre de la niña onubense Mari Luz, asesinada en 2008, ha urgido hoy a "buscar una solución válida y efectiva" al sistema judicial español tras conocerse que el detenido por su complicidad en el secuestro y muerte de la bebé de 16 meses en Almería tenía pendiente el cumplimiento de una condena.

Raúl R.F. había sido condenado a dos años y tres meses de cárcel por maltratar a una menor de 16 años, aunque no estaba en prisión por el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC).

En declaraciones a Efe, Juan José Cortés ha señalado que "es el momento de tomar las riendas para que no vuelvan a pasar casos como éste", recordando que ya advirtió que "podía volver a pasar" lo que sucedió con su hija.

El asesino de esta niña, Santiago del Valle, también tenía pendiente el cumplimiento de una condena por abusos a su hija menor, por lo que debería de haber estado en la cárcel cuando sucedieron los hechos que culminaron en la muerte de Mari Luz Cortés.

"Son muy buenas las intenciones que tenemos todo el mundo, los ciudadanos, los políticos y los propios jueces pero nadie hace nada, hay que buscar una solución válida y efectiva", ha dicho.

Cortés considera que es "inadmisible" que "un delincuente", en alusión al detenido, "esté en la calle porque el sistema jurisdiccional se lo permite".

"Después de los casos que hemos vivido en los últimos años no es lógico ni tolerable que esto suceda, porque lo que posibilita es, como ha sucedido, que vuelvan a darse episodios muy parecidos", ha concluido.

El juzgado de lo penal número 4 de Almería condenó en noviembre de 2010 a Raúl R.F. a un año y nueve meses de prisión por violencia física y psíquica y a otros seis meses más por un delito de lesiones, condena que fue ratificada en octubre de 2011 por la Audiencia Provincial de Almería.

En enero de 2012 el Ministerio Fiscal solicitó antecedentes penales de Raúl R.F. y en marzo, una vez recabados los antecedentes, informó negativamente de una posible suspensión o sustitución de penas.

Ese mismo mes, el condenado presentó un recurso de amparo ante el TC, que en diciembre fue rechazado y hasta entonces el Juzgado de lo Penal acordó suspender la ejecución de la sentencia, por lo que se habrían cumplido los plazos establecidos.