Juan Mas y Carmen Sampol, citados a declarar hoy por el juez del "caso Bomsai"

Palma.- El empresario Juan Mas, que era propietario de la empresa Masal Urbis a medias con el ex director general de Emergencias Joan Pol, así como la consejera delegada de Sampol Ingeniería y Obras, Carmen Sampol, están citados a declarar hoy por el juez del "caso Bomsai" de supuesta corrupción.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Palma, Joan Catany, ha citado a Mas en calidad de imputado, mientras que Sampol declarará como testigo, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Mas, defendido por Laureano Arquero, ya prestó declaración ante la policía en abril por este caso, en el que se investiga el supuesto desvío de fondos en la adjudicación de obras públicas por parte del gobierno autonómico del PP en la pasada legislatura, principalmente del nuevo parque de bomberos de Palma y de la nueva sede de la Conselleria de Salud.

El empresario dijo que compartía al 50 por ciento la empresa Masal Urbis con Joan Pol -en libertad bajo fianza por esta causa-, una sociedad que supuestamente sirvió para cobrar dádivas de otras empresas en relación con las concesiones de las obras públicas mencionadas.

Mas aseguró entonces a los agentes que Pol le dijo que debía emitir una factura de unos 150.000 euros contra la empresa Iturri S.A., dedicada a seguridad, cuando Masal Urbis no prestó ningún servicio a esta sociedad. Según confesó Mas, él no tenía "la más remota idea" de a qué se dedicaba esta empresa.

Cuando Mas, que fue presidente de Nuevas Generaciones del PP y luego dejó la política para ser empresario, pidió explicaciones al ex director de Emergencias sobre estas facturas, Pol le dijo que se "olvidase" del tema, según indicó a la policía.

También fue preguntado acerca de dos facturas remitidas por Masal Urbis contra la constructora Llabrés Feliu por unos 100.000 euros, en las que se refleja un concepto falso, y Mas explicó que fue el empleado de dicha empresa Jaime Martorell quien le indicó que lo hiciera si quería cobrar otros trabajos.

A partir de las 10.00 horas también tendrá que declarar, aunque como testigo, Carmen Sampol, quien calificó en su declaración policial por el "caso Bomsai" de "salvajada" las cantidades que se tenían que pagar a la consultora Atlas -que servía supuestamente para desviar fondos- por su trabajo técnico en la concesión de la sede de la Conselleria de Salud.

Esta obra la adjudicó la empresa pública Caib Patrimoni en febrero de 2007 a Sampol Ingeniería y Obras, que formaba parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida entre Brues (un 20%) y Sampol (80%).

Sin embargo, la firma del contrato, aseguró la consejera delegada de la empresa en su declaración incluida en el sumario de la causa, no se produjo hasta nueve meses después, un tiempo durante el cual afirmó que el Govern, mediante Caib Patrimoni, le dio "largas".

De hecho, Sampol indicó a la policía que en su momento pensó que "no tenían interés en la firma", puesto que en el caso del concurso para el parque de bomberos -supuestamente amañado- se firmó el contrato de acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones.

La UTE concesionaria tuvo que pagar a la sociedad Atlas Capital -representada en Baleares por Jaime Fluxá, de Unió Mallorquina- un 1,8 por ciento del coste global de la obra en concepto de "honorarios de éxito", cantidad que Sampol calificó de "salvajada", especialmente por el concepto que se facturaba.