Jueces para la Democracia acusa a Gallardón de hacer "sensacionalismo penal"

Madrid, 14 oct.- La asociación Jueces para la Democracia ha acusado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de hacer "sensacionalismo penal" con la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno el pasado jueves, que ha calificado de "injustificada, de estilo autoritario y carácter populista".

En una nota de prensa, la asociación progresista considera "poco aceptable" que el Ejecutivo legisle sobre cuestiones que ocupan puntualmente la atención mediática y entre en "el debate sobre aspectos emotivos" cuando el Código Penal ya contenía respuestas a los delitos contra la intimidad o la libertad.

Se refiere así a una de las novedades incluidas en el anteproyecto, el castigo con hasta un año de cárcel de la difusión de vídeos o imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima, aunque ésta hubiera accedido a la grabación y con la que, según la asociación, Gallardón ha incurrido en un "sensacionalismo penal" para desviar la atención de "los problemas reales del país".

Jueces para la Democracia también critica el incremento de las penas "contra determinadas formas de protesta", con lo que el ministro ha puesto de manifiesto que su Gobierno "pretende utilizar la vía de la represión penal para disuadir de las expresiones de descontento".

Por el contrario, lamenta, no hay propuestas sobre cuestiones que sí preocupan a la sociedad, como la alta delincuencia económica o la corrupción política.

Considera que la actual normativa ya contempla "una severidad más que suficiente" ya que, aunque España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, cuenta con el porcentaje más alto de presos por habitante y con uno de los tiempos de cumplimiento de condena más altos, por lo que cree innecesario el agravamiento de las penas.

Asimismo, la asociación alerta de que otras medidas como la prisión permanente revisable o la custodia compartida pueden ser inconstitucionales, ya que la primera atenta contra la finalidad de reinserción social de las penas privativas de libertad fijada en la Carta Magna y la segunda atenta contra la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad y el de seguridad jurídica.

Por último, acusa a Gallardón de haber hecho una reforma "a golpe de titular" y bajo "discutibles criterios de oportunidad" mientras se ha mostrado "incapaz" de aportar soluciones a la sobrecarga que sufren los juzgados, la falta de modernización del sistema judicial, el aumento de las tasas y los recortes que, vaticinan, van a "provocar un mayor deterioro" de esta administración.