Jueces y fiscales fijarán sus propios servicios mínimos para la huelga del 20 de febrero

Las cinco asociaciones de jueces y fiscales que han convocado una huelga para el próximo 20 de febrero fijarán sus propios servicios mínimos.
Fuentes de los colectivos convocantes informaron a Servimedia que el pre-aviso de la huelga ya ha sido presentado y que desde que se anunció el paro -el pasado 5 de febrero- no ha habido ningún contacto con el Ministerio de Justicia para evitar la protesta.
Esta huelga está convocada por la asociación judicial Francisco de Vitoria (FV); Jueces para la Democracia (JpD); Foro Judicial Independiente (FJI); Unión Progresista de Fiscales (UPF); y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Se descolgaron de la convocatoria la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF).
La protesta busca rechazar la gestión del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Así, los colectivos convocantes cuestionan reformas legales como la que afecta al CGPJ, así como las tasas judiciales; lo que denominan como la “privatización” de los registros civiles; la bajada del sueldo de los funcionarios judiciales; y los recortes que afectan a este sector de la Administración.
Las fuentes consultadas de las asociaciones convocantes explicaron que el paro se mantiene y que se reunirán el próximo 14 de febrero para determinar por su cuenta unos servicios mínimos. Se trataría de hacer algo similar a lo ocurrido en la huelga de jueces y fiscales que se registró en febrero de 2009.
El hecho de que los jueces y fiscales fijen sus propios servicios mínimos tiene que ver con que el derecho de huelga de los funcionarios judiciales está cuestionado por el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En este sentido, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha declarado, al respecto, que su institución ya se pronunció en 2009 respecto a la huelga de ese año y dijo entonces que era “alegal” que los empleados de los tribunales hiciesen una convocatoria de este tipo.