Jueces y fiscales reclaman a Catalá un pacto de Estado en materia de Justicia

Madrid, 24 sep.- Horas después de su nombramiento como ministro de Justicia, las asociaciones de jueces y fiscales celebran la llegada de Rafael Catalá, al que han reclamado un gran pacto de Estado en materia de Justicia, una tarea para la cual le ven "más capacitado" que Alberto Ruiz-Gallardón.

Su perfil de tecnócrata y su experiencia en el Ministerio cuando fue secretario de Estado entre 2002 y 2004 con José María Michavila son los dos puntos fuertes que pronostican una nueva etapa en el Palacio de Parcent, que los operadores jurídicos confían esté marcada por el dialogo y el consenso, tras tres años de confrontaciones con el ministro saliente.

Y es que es de sobra conocido que durante el mandato de Gallardón al frente de Justicia, la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, la abogacía y los secretarios judiciales denunciaron el estilo unilateral del exministro, que consiguió poner en su contra a la practica totalidad de los sectores judiciales.

Pero esa etapa se cerró ayer y aunque Catalá no haya tomado aun posesión de su cargo, algo que sucederá la próxima semana cuando regresen el Rey y el presidente del Gobierno tras sus viajes en el extranjero, los operadores jurídicos ya le han realizado un primer encargo: que busque un gran pacto de Estado en materia de Justicia.

Una tarea para la cual contará desde el primer momento con todos los sectores de la Justicia que le han tendido la mano y le han ofrecido diálogo y colaboración para lograr la transformación de la Justicia que todos ansían pero, afirman, contando con la opinión y experiencia de quienes trabajan en el sector.

Así, las asociaciones judiciales abogan por rectificar y modificar algunos de los proyectos más controvertidos como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Tasas Judiciales y la renovación del Consejo General del Poder Judicial; mientras que los fiscales solicitan un impulso a la reforma del nuevo Código Procesal Penal, que transfiere la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal.

Desde Jueces para la Democracia (JpD), su portavoz Joaquim Bosch pide a Catalá que rectifique las líneas principales que impuso Gallardón para sentar así las bases de un pacto de Estado que incluya a las fuerzas políticas y sectores judiciales.

En declaraciones a Efe, Bosh confía en que Catalá lleve a cabo esta tarea puesto que "su perfil es más positivo y está más capacitado que Gallardón a la hora de alcanzar acuerdos".

"Tiene que reconducir muchos proyectos, eso es lo más importante", subraya a Efe Ángel Dolado, portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI). Paralizar el Registro Civil, modificar la ley de Justicia Gratuita y aparcar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial son, en su opinión, los ejes prioritarios.

Para la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV), los asuntos más urgentes pasan por "despolitizar" el órgano de gobierno de los jueces y por dotar a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales para cumplir su función.

Igualmente, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aboga por perseverar las reformas estructurales centradas en dos cuestiones: un análisis serio de los futuros Tribunales de Instancia y la tecnificación electrónica de los juzgados.

Su portavoz Pablo Llanera no duda de que son asuntos que pueden resolverse atendiendo a la experiencia del nuevo ministro en materia de Justicia "puesta en evidencia por el compromiso que mantuvo Catalá en reformas de calado" durante su primera etapa en el departamento.

Más precisos son las asociaciones de fiscales, que comparten punto de vista y objetivos. Emilio Frías, de la Asociación de Fiscales (AF), pide al ministro que reanude los grandes proyectos de cambio en la jurisdicción penal, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, opinión que comparte Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, se adhiere también a esa petición conjunta de un pacto de Estado para que la Justicia "ni sea la cenicienta de todos los Gobiernos ni el hermano pobre ni se utilice con fines partidistas".