Juez del Proceso Cóndor enviará las acusaciones en español a los 33 imputados

Roma, 22 nov.- El juez en Italia del conocido como Proceso Cóndor, Alessandro Arturi, determinó hoy el envío en español de las acusaciones a los 33 imputados por esta causa, que juzga la muerte y desaparición de 23 italianos durante la represión urdida por varias dictaduras sudamericanas en las décadas de 1970 y 1980.

El magistrado concluyó además que aquellos imputados que estén actualmente detenidos, a saber, doce uruguayos, tres chilenos y dos bolivianos, podrán participar en la próxima sesión de la audiencia preliminar a través de videoconferencia, según dictaminó hoy en un acta a la que tuvo acceso Efe el Tribunal Ordinario de Roma.

La próxima sesión del juicio, en la que gracias a este método podrán participar los diecisiete imputados que se encuentran en prisión, ha quedado fijada para el 28 de enero de 2014, en el aula Occorsio del Tribunal de lo Penal de Roma, la más grande de este complejo, que será habilitada para la ocasión.

Entre los uruguayos detenidos y que se encuentran en actualmente en la cárcel figura el exgeneral Gregorio "Goyo"Álvarez, quien fue presidente "de facto" de Uruguay entre 1981 y 1985 y que se encuentra encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985).

A Álvarez se le imputa como coautor en reiterados casos de homicidio muy especialmente agravado en 1978 y fue procesado por igual delito en el caso de un militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros fallecido en 1973.

Asimismo, figuran como imputados el uruguayo Gilberto Valentín Vazquez, ideólogo del Plan Cóndor que coordinó la represión entre las dictaduras del Cono Sur en los años 70; José Ricardo Arab, alias "El Brujo", que participó de operativos de detención en Automotores Orletti y en los traslados de uruguayos desde Argentina.

Además, se halla el uruguayo Juan Carlos Larcebeau, condenado por ser coautor de delitos reiterados de "homicidio muy especialmente agravado", debido al traslado de presos políticos en 1978 y Carlos Calcagno del Servicio de Inteligencia del Ejército y comandante de la Compañía de Contrainformaciones, por el secuestro y desaparición en Asunción (Paraguay) de dos ciudadanos ítalo-argentinos.

Los uruguayos Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina; Ernesto Avelino Ramas; José Felipe Sande y Ernesto Soca y el que fuera ministro de Relaciones Exteriores y miembro del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), Juan Carlos Blanco, están en prisión por el secuestro en Argentina de cinco personas, y en algunos casos asesinato.

En cuanto a los encarcelados chilenos, se trata del general Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, brazo derecho del dictador Augusto Pinochet (1973-1989) y responsable de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA); el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo, miembro de ese mismo organismo, que funcionó como policía secreta del régimen militar de Chile.

Asimismo, entre los presos chilenos están el coronel Marcelo Luis Moren Brito, también agente de la DINA en la cual fue jefe de la Brigada Caupolicán y recordado por su crueldad en la represión.

Los bolivianos imputados son el expresidente Luis García Meza Tejada, quien como general de división y comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia lideró el golpe de Estado del 17 de julio de 1980 y durante su dictadura se registró una durísima represión como el asesinato de ocho líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en la Masacre de la Calle Harrington (La Paz) en 1981.

Asimismo, está el general boliviano Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980, que participó en actividades de narcotráfico, golpes de estado y persecuciones políticas, señala el acta judicial.

Durante la audiencia de este viernes destacó también como novedad la presencia de los familiares de uno de los desaparecidos en Chile, Jaime Donato, militante del Partido Comunista chileno y una de las siete personas detenidas entre mayo de 1976 y enero de 1977, en el caso conocido como "Calle Conferencia", y actualmente en paradero desconocido.

Por otra parte, la Confederación Italiana de Sindicatos de los Trabajadores se presentó como acusación popular, lo que deberá ser admitido posteriormente por el magistrado Arturi.

La Operación Cóndor, un plan ideado por Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Los imputados en el Proceso Cóndor son 17 uruguayos, 12 chilenos, dos bolivianos y cuatro peruanos, todos ellos miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1973 y 1978, según consta en la demanda fiscal.