Juez impide a los denunciantes acudir a la declaración de directivos Hospital

Barcelona, 29 may.- El titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona ha impedido asistir a las declaraciones como imputados de los responsables del Hospital de Sant Pau a los letrados de los sindicatos de médicos y enfermeros del centro que denunciaron las supuestas irregularidades en su gestión económica.

Ante el juez instructor declaran hoy como imputados el presidente del Patronato de la Fundación Privada de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, Albert Folia, y el administrador de turno Josep Lluís Alay, un cargo que cada dos meses rota entre los patrones de la Fundación.

Según fuentes judiciales, el juez ha denegado ejercer la acusación particular en la causa a la radióloga Carme Pérez, miembro del sindicato de médicos Asociación Profesional del Cuerpo Facultativo, que fue la primera que interpuso una denuncia a título personal por las supuestas irregularidades en la gestión del centro, al considerar que no es directamente perjudicada en la causa.

Con ese mismo argumento, el juez ha impedido personarse en la causa como perjudicada a la Asociación Profesional de Enfermería (API), por lo que la declaración de los imputados se ha llevado a cabo sin la presencia de los letrados de los denunciantes.

Ambos sindicatos tienen la oportunidad de presentarse en la causa como acción popular, una posibilidad que estudian los letrados de los denunciantes entre otras opciones para poder figurar en el proceso, como la interposición de una querella o un recurso ante la Audiencia de Barcelona contra la decisión del juez de impedirles ejercer la acusación particular.

Juan Antonio del Moral, letrado de la radióloga denunciante, y Antonio Sanz, que representa a la Asociación Profesional del Cuerpo Facultativo en el Sant Pau, mantienen que están en su derecho de ejercer la acusación particular dado que la plantilla del centro es directamente perjudicada por ese supuesto desvío de fondos, al haber ido acompañado de una rebaja en su retribución.

En los últimos años, los trabajadores del Hospital de Sant Pau han visto disminuido su sueldo en un 5 %, pese a no ser funcionarios, mientras que la calidad asistencial también se ha resentido por la eliminación de 86 camas de hospitalización y recortes en el material sanitario, según la presidenta de la Asociación de Enfermería, Àngels Sabaté.

Precisamente, Sabaté ha comparecido hoy para ratificar su denuncia ante el juez instructor, que con especial insistencia le ha preguntado cómo su asociación descubrió las presuntas irregularidades, así como otros detalles relacionados con la gestión contable del Hospital y de los sobresueldos que supuestamente han cobrado algunos de sus directivos.

Sabaté ha precisado al juez que las supuestas irregularidades se detectaron al tener acceso al censo de los trabajadores del hospital y a otra documentación incluida en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que les planteó la dirección del centro.

La presidenta de la Asociación Profesional de Enfermería ha aportado al juez varias facturas y documentos que, a su juicio, sustentan su denuncia de que altos cargos y directivos del Hospital pudieron cobrar 439.000 euros en indemnizaciones irregulares.

El juez admitió la denuncia ante los indicios de que los movimientos de fondos y personal entre las dos fundaciones que administran el Hospital -una de gestión con pérdidas y otra patrimonial con beneficios- podría dar lugar a un delito contra los derechos de los trabajadores.

El instructor también ve indicios de malversación o apropiación indebida en varios contratos irregulares denunciados, que se concretarían en empleos ficticios que podrían haber incidido en la solvencia de la Fundación de Gestión. EFE.