Washington, 8 ago.- La jueza militar que lleva el caso de Nidal Hasan, un comandante acusado de matar a 13 personas en la base de Fort Hood (Texas, EE.UU.) en 2009, permitió hoy que éste siga representándose a sí mismo y le negó a su equipo de abogados que se hagan cargo de su defensa ante la preocupación de estos de que el acusado esté buscando la pena de muerte.
Los asesores legales de Hasan, llamados "abogados de espera", argumentan que está tratando de obtener la pena de muerte y han dicho que sería "moralmente repugnante" que finalmente alcanzara tal sentencia.
Hasan admitió en su declaración de apertura que él fue el culpable.
Pero la jueza Tara Osborn consideró que sólo se trata de "un desacuerdo con la estrategia del juicio de Hasan", y dictaminó que los abogados de la defensa tienen la obligación de permanecer en el caso en su estatus actual.
Los abogados aseguraron después que apelarían el dictámen, alegando que la jueza les está obligando a violar las normas de conducta profesional.
Hasan, de 42 años, dijo a los 13 miembros del jurado militar al comienzo del juicio que las pruebas que se presentarán durante el juicio dejarán clara su culpabilidad.
"Las pruebas demostrarán claramente que fui yo quien disparó", señaló el primer día de juicio el acusado, que compareció en silla de ruedas debido a que se encuentra paralizado de la cintura hacia abajo tras ser herido en el tiroteo.
Hasan está acusado de matar a doce militares y un civil y herir a una docena de personas al abrir fuego indiscriminado en la base de Fort Hood ese día de 2009.
Se enfrenta a 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditado, por lo que podría ser condenado a pena de muerte.
El acusado no ha negado en ningún momento haber llevado a cabo la matanza y durante una audiencia previa al juicio en junio aseguró que lanzó el ataque para proteger el liderazgo talibán en Afganistán, en especial a su líder, el mulá Omar.
En los últimos años, muchas sentencias de pena de muerte a militares se han conmutado posteriormente por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
El comienzo del juicio estaba inicialmente previsto para marzo de 2012, pero ha sido retrasado en múltiples ocasiones, fundamentalmente por una disputa en torno a si podían ordenar al acusado a afeitarse la barba que se dejó crecer mientras se encontraba bajo custodia militar.
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