El proceso cuenta con 13 acusados y tres responsables civiles directos con penas de cárcel que ascienden a 52 años, y entre otros, se piden ocho años de cárcel para el exalcalde, Miguel Zerolo, y el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La operación fue anulada por el Tribunal Supremo hace varios años, y los hechos se remontan al año 2001 cuando el Ayuntamiento compró los terrenos a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia por 52 millones pese a que había sido valorado por la arquitecta municipal en poco más de 19.
En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal señala que tanto Zerolo como Parejo tomaron decisiones para acomodar la acción del Ayuntamiento de acuerdo a los intereses de los empresarios, generando un "grave perjuicio" en las arcas públicas.
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