Junta de Andalucía: La reforma de la Administración no debe reducir servicios

Madrid, 18 jun.- La consejera de Hacienda de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha dicho hoy que la reforma de la Administración Pública "no debe plantearse desde la disminución de los servicios públicos", ni desde "un cambio del modelo constitucional hacia fórmulas centralizadoras".

Martínez Aguayo que ha participado hoy en la Jornada sobre "Las Administraciones Públicas. El futuro del Estado", organizada hoy por el sindicato CSI-F, ha señalado que la reforma tampoco debe suponer una "pérdida de empleo público".

Para garantizar un crecimiento económico duradero y equilibrado, la también consejera de Administración Pública ha considerado "imprescindible" disponer de una "red de servicios públicos de alta calidad sostenida por empleados públicos competentes".

Aunque se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de reformar la Administración Pública, que se hace necesaria más que nunca por las nuevas tecnologías y la crisis económica, Martínez Aguayo ha apostado por desmontar algunos tópicos que se están generalizando como que el gasto público frena el crecimiento y que sobran empleados públicos.

Prueba de que el gasto público no frena el crecimiento es que países como Francia, Bélgica, Austria, Alemania o Suecia han crecido durante la crisis a pesar de tener un gasto público similar al de España, ha reseñado.

Entre las claves de la reforma de las administraciones públicas, la consejera andaluza, ha destacado el "desarrollo del Gobierno abierto y la administración electrónica" porque es básico el acceso a la información en "tiempo real" y "garantizar el acceso digital a los ciudadanos".

También ha considerado clave el desarrollo de normas de transparencia, así como "mejorar la formación y capacitación de los empleados públicos" e "introducir sistemas de movilidad".

Por todo ello, ha considerado que el empleo público es factor de calidad en la prestación de los servicios y es un factor de "consolidación del crecimiento".

Ha insistido en que la reforma de las administraciones públicas debe hacerse con la participación de las comunidades porque las autonomías "no son el problema, sino parte de la solución", y se ha mostrado favorable a que haya un "clima de consenso".