Justicia española confirma el archivo de la causa por la represión en Tíbet

Madrid, 28 nov.- El Tribunal Supremo español ha confirmado el archivo de la investigación judicial a ocho responsables del Gobierno chino, entre ellos tres ministros, como presuntos autores de un delito de lesa humanidad en relación con la represión registrada en el Tíbet en 2008.

En un auto conocido hoy, esa corte, la máxima instancia judicial en España, ha rechazado el recurso presentado por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangchen contra el archivo de la causa.

El Supremo español avala así la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de archivar la investigación en febrero de 2010, al considerar que no era competencia de la jurisdicción española investigar los hechos denunciados.

Pedraz adoptó esta resolución tras la aprobación en España de una reforma legal que limitó la aplicación del principio de jurisdicción universal a los casos en que existan víctimas españolas, los responsables del delito se encuentren en España o cuando haya algún vínculo de conexión relevante con este país.

Esta reforma llevó a Pedraz a cerrar la investigación abierta tras haber admitido a trámite, tres días antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Pekín (el 5 de agosto de 2008), la querella contra los ocho imputados como presuntos autores de un delito de lesa humanidad por dirigir desde el 10 de marzo de ese año un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana".

En el auto conocido hoy, el Supremo concluye que la existencia de una víctima española -el querellante Thubten Wangchen Sherpa- no justifica la apertura de una investigación en España, ya que los hechos contra él cometidos ya están siendo investigados en otro procedimiento que tramita la Audiencia Nacional.

En 2009, China pidió al Gobierno español el archivo definitivo de la investigación después de que el magistrado cursara una comisión rogatoria para interrogar a tres ministros chinos imputados: el de Defensa, Lian Guanglie; el de Seguridad del Estado, Geng Huichang, y el de Seguridad Pública, Meg Jianzhu.

Además, la investigación también afectaba al secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli; el miembro del Politburó en Pekín Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.

El magistrado abrió su investigación al considerar que esas ocho personas podrían haber incurrido en un delito de lesa humanidad por dirigir desde el 10 de marzo de 2008 un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana", causando 203 muertes, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos.

El aniversario del levantamiento fallido tibetano del 10 de marzo de 1959, que forzó el exilio en la India del Dalai Lama, viene marcado cada año por los intentos de protesta en la región autónoma del Tíbet que en 2008 fueron los más violentos en dos décadas.