Justicia inicia proceso contra quinto exmilitar acusado de matanza Guatemala

Oscar René Oliva

Guatemala, 23 feb.- La justicia guatemalteca inició hoy un proceso contra el militar retirado Pedro Pimentel, extraditado en julio pasado por Estados Unidos, por su presunta participación en la matanza en 1982 de 201 campesinos en una empobrecida comunidad rural del norte del país centroamericano.

El juicio comenzó bajo fuertes medidas de seguridad, como pudo constatar Efe, en el Tribunal B de Mayor Riesgo, y durante esta primera sesión el militar retirado mantuvo una actitud inmutable, escuchó con atención las acusaciones en su contra, y se abstuvo de declarar porque, aseguró, lo hará posteriormente.

Pimentel, que dijo en el tribunal tener 55 años, fue señalado por el fiscal Julio Herrera de haber sido uno de los miembros de la patrulla kaibil, como se denominaba la fuerza elite del Ejército, que 7 de diciembre de 1982 perpetró la matanza en el sector Las Dos Erres, en el departamento de Petén, fronterizo con México y Belice.

La Fiscalía lo acusó de los delitos de asesinato de 201 personas y de "deberes contra la humanidad" o lesa humanidad, porque lejos de defender a la población indefensa supuestamente participó en la masacre.

El fiscal Herrera sostuvo que la patrulla kaibil llegó a Las Dos Erres con la misión de recuperar 21 fusiles que el Ejército había perdido en octubre de 1982 durante un enfrentamiento con la guerrilla en las cercanías del sector.

Al no encontrar las armas, los militares "separaron a las mujeres, hombres y ancianos, y comenzaron a violar a las niñas delante de sus familiares", explicó el fiscal.

Enseguida "comenzaron a matar a los niños y los lanzaron a un pozo, y después de un breve interrogatorio, los adultos son golpeados brutalmente y también arrojados al pozo", afirmó.

El perito Rodolfo Robles, general retirado de nacionalidad peruana, señaló por su parte que la intervención de la Patrulla Especial Kaibil contra de la población civil no combatiente a fin de recuperar los 21 fusiles "fue una orden del Estado Mayor General del Ejército", aunque, aclaró, "no existen evidencias de que hayan ordenado la masacre".

En su opinión, la ofensiva fue ordenada por el comandante de la Zona Militar 23 con sede en Poptún (Petén), no identificado, y en los testimonios y documentos analizados "no existe evidencia de que algún miembro de la Patrulla Especial Kaibil se haya resistido a cumplir la orden de cometer actos criminales".

"Los kaibiles son máquinas de matar, con preparación mental, ideológica y psicológica fría para matar con crueldad", sostuvo en su declaración el exgeneral peruano.

Pimentel ha sido identificado como un instructor kaibil.

Robles manifestó que, por la cadena de mandos, en los sucesos del 7 de diciembre de 1982 tuvo responsabilidad el Alto Mando del Ejército, que en esa época era presidido por el general golpista José Efraín Ríos Montt, actualmente en arresto domiciliario por un proceso abierto en su contra por genocidio.

Por su parte, el abogado Edgar Pérez, uno de los querellantes adherido al proceso, dijo a Efe que todas las pruebas que se presentarán durante el juicio demostrarán la participación del exkabil en la masacre.

El juicio contra Pimentel es la prolongación del que se celebró entre julio y agosto pasados contra otros cuatro miembros de la Patrulla Especial Kaibil involucrada en la matanza de Las Dos Erres, que fueron condenados a más de 6.000 años de cárcel cada uno.

Pérez aseguró que las principales pruebas en contra de Pimentel son, entre otros, los testimonios de dos miembros de la patrulla kaibil, que están fuera de Guatemala como "testigos protegidos" de la Fiscalía, y cuyas declaraciones fueron clave para obtener la "histórica" sentencia dictada el año pasado.

Otros doce exmilitares señalados de participar en la matanza se encuentran prófugos de la justicia.

El tribunal de Mayor Riesgo B ha convocado otras tres audiencias para mañana, el 27 de febrero y el 7 de marzo próximos, respectivamente, para escuchar el testimonio de al menos 40 peritos y testigos propuestos por las partes para el juicio.