San Sebastián, 20 oct.- La Audiencia de Gipuzkoa juzgará durante casi un mes, a partir del próximo día 28, a un total de 17 personas acusadas de estafar casi 22 millones de euros al grupo empresarial guipuzcoano Asedir, cuya sociedad de referencia es la mercantil Indaux.
El principal acusado, para el que la Fiscalía solicita penas que suman 16 años y medio de cárcel, es el director financiero del grupo empresarial, Ramón José A.E., quien, según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, ideó la presunta estafa junto al inversor Pedro U.U., que se enfrenta a una petición de 13 años y medio de prisión.
El resto de procesados son familiares y personas del entorno y confianza de éste último, quienes se habrían prestado "a recibir en sus cuentas bancarias las cantidades defraudadas" para "redirigirlas" de nuevo hacia Ramón José A.E. y Pedro U.U., tras retener "para sí" un porcentaje del dinero trasvasado.
Según el documento de la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar entre 2003 y 2007 cuando los dos principales acusados "idearon, planificaron y llevaron a cabo la salida continuada de capitales de las sociedades que integran el Grupo Asedir, sin el consentimiento ni la autorización de los socios propietarios".
De esta forma, presuntamente extrajeron de las cuentas bancarias de las empresas "un capital cuya suma total alcanza los 20.386.719 euros", si bien el perjuicio económico ascendió a casi 22 millones de euros teniendo en cuenta los intereses y gastos de distintos préstamos "originados por la operativa fraudulenta de los acusados", así como diferentes viajes que fueron cargados a las cuentas de las empresas.
El texto de la Fiscalía aclara que, "para facilitar el vaciado de capital" de estas mercantiles y "hacer creer a los socios que las operaciones que realizaba estaban justificadas en la actividad de la empresa y ocultarles su actividad fraudulenta", Ramón José A.E. utilizó distintos "artificios contables y simulaciones de negocios en realidad inexistentes".
La Fiscalía aprecia en este caso distintos delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal y alzamiento de bienes por los que reclama distintas penas de prisión -en función de los delitos presuntamente cometidos por ellos- y que compensen al grupo empresarial perjudicado con 21.958.014 euros.
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