Juzgan a un empresario y dos sindicalistas por desviar fondos de un ERE

Sevilla, 31 ago.- Un empresario y dos sindicalistas van a ser juzgados, a partir del 31 de octubre, en Sevilla por desviar a otros fines, en el año 1991, unas ayudas millonarias de la Junta y el Ministerio de Trabajo, que debían destinarse a prejubilaciones de la empresa Industrias Subsidiarias de Aviación (ISA).

Se trataba de ayudas destinadas a financiar un plan de jubilaciones anticipadas, con una póliza de seguro que se presupuestó en 4.422.229 euros y para la que las empresas sucesoras de ISA aportaron 903.614 euros, la Consejería de Trabajo andaluza 2.615.000 euros y el Ministerio de Trabajo otros 903.614 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla iniciará el juicio el 31 de octubre, en sesiones que se prolongarán casi tres meses hasta mediados de enero de 2014 dada su complejidad, según han informado a Efe fuentes del caso.

El escrito de acusación del fiscal dice que los tres procesados, de manera concertada, desviaron a distintos fines "no precisados bien pero destinados a satisfacer necesidades laborales y sociales" la diferencia entre la subvención recibida y el coste de la póliza aseguradora.

En concreto, imputaron un pago de 190.258 euros a obligaciones derivadas de otros costes de prejubilación y 1.159.515 euros para constituir un fondo de inversiones a favor de trabajadores prejubilados.

El juicio se dirige contra el empresario Jesús M.S. y los sindicalistas Fernando F.M., entonces presidente del Comité de Empresa de ISA, y José Miguel C., exsecretario del Comité, ambos de CCOO.

El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, imputa a los acusados un presunto delito de fraude en subvenciones, penado de uno a cuatro años de cárcel, si bien aplica la atenuante "muy cualificada" de retrasos en la administración de Justicia y solicita para cada uno tres meses de arresto e inhabilitación de tres años para obtener beneficios o incentivos fiscales.

Además reclama una multa de 3.005.062 euros y que las entidades públicas que concedieron la ayuda sean indemnizadas según se determinen en la fase de ejecución de la sentencia, razón por la que los jueces han embargado inmuebles al sindicato CCOO como posible responsable subsidiario.

El fiscal recoge que Industrias Subsidiarias de Automoción fue sucesora de Industrias Subsidiarias de Aviación, que en los años 80 "entró en crisis económica generalizada", tras haber tenido una "importancia básica para el tejido industrial de Sevilla desde su factoría de San Jerónimo en esta ciudad".

Debido al "interés público derivado de tal situación y como medida política", tanto el Ministerio de Trabajo como la Junta de Andalucía acudieron en ayuda de la empresa con subvenciones para reajustes de plantilla y un plan de jubilaciones anticipadas.

Todo ello "no evitó la suspensión de pagos, tanto de la primera empresa como de las que trataban de reflotarla", pese a su indudable "interés estratégico".

En el juicio está citado como testigo Ramón Marrero, que en aquella época era consejero de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta.