Guatemala, 15 feb.- Un tribunal guatemalteco decidió cambiar el delito de ejecución extrajudicial por el de homicidio a ocho militares, detenidos por la muerte de seis campesinos durante una protesta el pasado 4 de octubre en el oeste del país, informó hoy una fuente judicial.
Una portavoz del Organismo Judicial dijo que la jueza Carol Flores resolvió la noche del jueves cambiar el delito debido a que el Ministerio Público (MP) no pudo probar que los militares perpetraron la ejecución de los campesinos.
El delito de ejecución extrajudicial es imputado a las fuerzas de seguridad del Estado cuando cometen un crimen.
Las pruebas presentadas por el MP o Fiscalía no fueron congruentes con los hechos registrados durante la protesta durante la cual los campesinos rechazaban las reformas a la Constitución que impulsa el presidente Otto Pérez Molina y el alza a la energía en las comunidades de Totonicapán, de acuerdo con la resolución judicial.
El MP, señala la resolución, no logró recabar las pruebas para demostrar la responsabilidad de los militares, ya que fue la misma población la que entregó evidencias de casquillos de balas supuestamente disparadas por los soldados.
Según la jueza, el coronel Juan Chiroy, que estaba a cargo de la tropa que daba apoyo a la Policía durante los disturbios, será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes.
Esto porque, según la investigación, Chiroy abandonó a sus soldados antes de los violentos disturbios.
Mientras que los ocho soldados serán juzgados por el delito de homicidio "en estado de emoción violenta" y no por ejecución extrajudicial en grado de tentativa como lo pretendía la Fiscalía.
Flores dijo que fueron los pobladores quienes provocaron a los militares, que habrían actuado en defensa propia durante los disturbios.
Esa versión, según la jueza, fue corroborada por dos funcionarios de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos que estuvieron en el lugar de los hechos, en la Cumbre de Alaska, en el oeste de Guatemala, durante la protesta campesina.
Unos de los abogados de los soldados, Javier Hernández, dijo a periodistas que solicitará una audiencia al tribunal para pedir la libertad de sus clientes porque la resolución judicial señala que ellos no atacaron a la población sino que actuaron en defensa propia.
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