Los atentados del 13 de Noviembre de París marcarán un antes y un después en Francia. No solo entre la sociedad, víctima de unos de los más sangrientos atentados terroristas en suelo europeo, también el ordenamiento jurídico galo está adaptándose a la amenaza yihadista. La Asamblea Nacional francesa vota a favor de la revisión constitucional que pretende incluir en la carta magna la regulación del Estado de emergencia y la retirada de la nacionalidad. Este trámite en la Asamblea ha contado con 317 votos a favor, 119 en contra.
La reforma de la Constitución se propuso tras los sangrientos atentados del 13 de noviembre en los que murieron más de 130 personas para hacer frente a la amenaza terrorista. Desde entonces, la Asamblea Nacional está dividida, como también lo está la sociedad ya que muchos franceses no ven con buenos ojos la ampliación del Estado de Emergencia.
Hace dos semanas, el Parlamento aprobó en mayoría (tan solo seis diputados votaron en contra) la prolongación del Estado de Emergencia por tres meses, hasta el 26 de febrero, aunque una nueva propuesta por una extensión de otros tres meses, hasta el 26 de mayo, debe ser ratificada la próxima semana en la Asamblea Nacional tras su aceptación en el Senado.
Su rechazo hubiera enterrado la iniciativa y significado una espectacular desautorización para Hollande y un revés para sus ambiciones de obtener un segundo mandato en la elección presidencial de 2017.
La aprobación definitiva la dará el Congreso en Versalles, siempre y cuando exista una mayoría de tres quintos. El lunes, los diputados ya adoptaron la incorporación del estado de emergencia en la Constitución, aunque la votación estuvo marcado por las ausencias y sólo se registraron 103 apoyos. Un día más tarde, 162 diputados aprobaron la retirada de la nacionalidad para los condenados por terrorismo, una medida que criticó abiertamente la antigua ministra de Justicia Christiane Taubira.La retirada de la nacionalidad divide a los franceses
Respecto a la retirada de la nacionalidad francesa a las personas que sólo tuvieran una, el gobierno francés se comprometió simplemente a ratificar la convención de Naciones Unidas de 1961 sobre "la reducción de los casos de apatridia".
El texto de la ONU autoriza, sin embargo, a los Estados a convertir a una persona en apátrida en determinados casos, especialmente cuando el comportamiento del individuo atenta contra "los intereses esenciales del Estado".
La cuestión de la desposesión de nacionalidad, prevista inicialmente sólo para los binacionales, generó polémica en Francia, donde algunos denunciaban una medida que creaba varias categorías de ciudadanos franceses.
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