La Asociación Profesional de Magistratura en Andalucía apoya la huelga

Sevilla, 9 efe.- La Sección Territorial de Andalucía de la Asociación Profesional de la Magistratura, que representa aproximadamente a la cuarta parte de sus asociados, ha decidido hoy sumarse a la huelga de Jueces y Fiscales convocada por la Comisión Interasociativa para el 20 de febrero.

Con esta decisión, adoptada hoy en una reunión en Antequera (Málaga), esta sección territorial se desmarca de la Asociación Profesional de la Magistratura que, junto con la Asociación de Fiscales, son las únicas que no se han sumado a la huelga convocada para el 20 de febrero por todas las asociaciones de jueces y fiscales en protesta por las reformas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

En un comunicado, dicha sección territorial ha expuesto su "oposición frontal al Anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial" presentado por el ministro de Justicia, con el que se "pretende disminuir la independencia que tendrá cada juez al conocer de los asuntos que le son propios".

Además, ha denunciado que "para controlar políticamente el gobierno de los jueces y a los jueces, se admite que todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial sigan siendo designados por los políticos, sin permitir que los vocales judiciales sean elegidos por los propios jueces siguiendo el espíritu de nuestra Constitución, tal y como habían prometido en su programa electoral".

Igualmente, ha censurado que para "anular la mayoría numérica que la Constitución reserva a los jueces, así como anular su capacidad decisoria, la actividad del CGPJ ya no se desempeñara por los veinte vocales que señala la Carta Magna, sino por una comisión reducida que permite disminuir la proporción de participación mayoritaria que corresponde a los Jueces (12 de 20) y aumentar la incidencia de los vocales de extracción claramente política".

Asimismo, ha advertido de que "se desapodera al órgano de gobierno de los jueces, sustrayéndole la competencia reglamentaria y atribuyéndosela al Ministerio de Justicia, para, desde allí, dirigir y controlar la actividad judicial, suprimiendo de facto la independencia judicial y creando espacios de impunidad inaceptables en los casos que actualmente nos son tan conocidos".

Según dicha sección, si esto llega a ocurrir, los jueces no podrán actuar con la independencia que la tutela judicial efectiva exige frente a los "abusos políticos y económico o cuando se perjudiquen los derechos individuales o colectivos de los ciudadanos".