La audiencia investiga si el ministro del interior reveló secretos del 'caso publio cordón'

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha pedido a diversas televisiones que le remitan el vídeo de la rueda de prensa que ofreció el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el 19 de julio pasado, sobre la investigación del secuestro de Publio Cordón, con el fin de determinar si hubo revelación de secretos.
Así consta en una providencia hecha pública hoy, en la que el juez requiere a RTVE, Antena3, Tele 5, Cuatro y laSexta que, “en el plazo inexcusable de diez días”, le remitan el vídeo de la citada rueda, en la que el ministro confirmó que el empresario Publio Cordón murió al intentar escapar 15 o 16 días después de ser secuestrado por los Grapo, el 27 de junio de 1995, cerca de su domicilio en Zaragoza.
El magistrado trata de “determinar si existe base para estimar indiciariamente que se ha cometido un delito, el de revelación de secretos, y el órgano competente para la instrucción de la causa, dada la intervención pública de aforados" en una rueda de prensa en la que se "se dieron datos protegidos por el secreto de sumario”.
Por eso, requiere del general jefe del servicio de Información de la Guardia Civil que le comunique “quién o quiénes le dieron información, verbal o escrita, del resultado de las investigaciones” y “a quién la transmitió”.
“Identifique, con el número de su carné profesional, si fuese miembro de las fuerzas de seguridad y nominalmente en otro caso, a la persona que informó a las autoridades del Ministerio del Interior sobre el resultado de la investigación”, ordena Gómez Bermúdez.
En la rueda de prensa del 19 de julio de 2012, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, Fernández Díaz explicó los detalles de la operación de la Guardia Civil en la que Vicente Sarasa Cecilio, José Antonio Ramón Teijelo y Manuela Ontavilla fueron detenidos como presuntos autores materiales del secuestro.
En el caso de que se determinasen indicios contra un aforado, la investigación tendría que ser llevada a cabo por el Tribunal Supremo.