La audiencia nacional fija para el 3 de febrero el juicio por la demanda de jpd contra justicia y el cgpj

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda presentada por Jueces para la Democracia (JpD) contra el Ministerio de Justicia y el CGPJ por la situación de sobrecarga de trabajo en los órganos judiciales en España, y fija para el 3 de febrero el juicio correspondiente.
Además, ha admitido las pruebas propuestas y señala para el 3 de febrero de 2015 el juicio por este caso, antes del cual se celebrará una vista de conciliación entre las partes.
JpD presentó el pasado 13 de noviembre una demanda de conflicto colectivo contra el CGPJ y el Ministerio de Justicia, quedando incluidas como partes interesadas la Asociación Nacional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Nacional de Jueces, que podrán personarse en la causa.
La Sala designa como ponente al magistrado Ricardo Bodas Martín e informa a los litigantes de que podrán personarse en el proceso. Advierte, además, de que el juicio no se suspenderá por incomparecencia de los demandados.
La asociación entiende que tanto el Ministerio como el CGPJ son responsables de la “grave sobrecarga de trabajo” que afecta a los juzgados y denuncian la “falta de medios” en la administración de justicia.
Según explicó en su día JpD, esta demanda es un “conflicto previo en el ámbito judicial que no tiene precedentes en nuestro país y que se presenta ante la gravedad de la situación actual”. A su entender, los juzgados están saturados y la falta de medios afecta a todos los órdenes jurisdiccionales, pero especialmente a las causas por corrupción. Además, se quejan de que la sobrecarga de trabajo puede suponer un riesgo para los trabajadores.
"INTEGRIDAD FÍSICA" DE LOS JUECES
Según el escrito de la demanda, los jueces quieren que se declare que el CGPJ y el Ministerio de Rafael Catalá “han incumplido su obligación legal de realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de jueces y magistrados integrantes de la carrera judicial” y de elaborar un plan de prevención de estos riesgos.
Asimismo, pedían a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que declare la existencia de vulneración del derecho fundamental de jueces y magistrados “a la integridad física y moral” y de su derecho a “una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”.
Igualmente, piden que se declare que los jueces y magistrados destinados en los órganos judiciales incluidos en el ‘Informe sobre los órganos judiciales que sobrepasan el 150% de la carga de trabajo’, realizado por el CGPJ en septiembre de 2014, se encuentran en situación de grave riesgo para su salud por sobrecarga de trabajo.
Por último, este colectivo reclama que se condene al CGPJ y al Ministerio de Justicia “a la inmediata adopción de medidas de protección” y a la adecuación de los módulos de producción a la carga de trabajo soportada por los trabajadores destinados en los órganos judiciales.