La audiencia nacional imputa cinco delitos a tres exdirectivos de la cam por defraudar a hacienda 31 millones de euros

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha imputado un total de cinco delitos -contra la Hacienda Pública, falsedad documental, falsedad contable, administración desleal y apropiación indebida- a los tres exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que fueron detenidos este miércoles y que habrían supuestamente defraudado 31 millones de euros a la Hacienda española a través de una trama hotelera en el Caribe.
El magistrado atribuye estos delitos al antiguo director general de la CAM Roberto López Abad, al que fuera director general de empresas Daniel Gil y al exdirector de la División Internacional y Negocio Hotelero de la entidad César Véliz. Gómez Bermúdez dirige la misma acusación contra los empresarios alicantinos José Baldó y Juan Vicente Ferri.
El juez imputa estos delitos en las cinco órdenes de detención dictadas este miércoles contra estas cinco personas. Baldó y Ferri no pudieron ser finalmente arrestados por encontrarse en el extranjero. La Guardia Civil detuvo finalmente a otras seis personas por iniciativa propia. Cinco de los arrestados han sido puesto hoy a disposición judicial.
Gómez Bermúdez justifica las órdenes de detención en la sospecha de que López Abad, Gil, Véliz, Baldó y Ferri estaban preparando su fuga a las Antillas Holandesa (la actual Curaçao), territorio “con el que no existe convenio de extradición”. “Cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao”, señalan los autos de detención.
FRAUDE A GRAN ESCALA
Las resoluciones relatan que la CAM adquirió en el año 2004 el 30 por ciento de Valfensal. El juez señala que Ferri y Baldó “desde el primer momento, planificaron la adquisición de la sociedad Valfensal con le objetivo fundamental de utilizarla como vehículo a través del cual obtener la financiación necesaria por parte de la CAM y posteriormente transferir este flujo de capital a sus sociedades participadas radicadas en el extranjero, las cuales en última instancia serían las encargadas de llevar a cabo las inversiones que tenían previsto realizar”.
Este plan fue “conocido y consentido” por Gil, López Abad y Véliz, quienes eran miembros del consejo de administración de Valfensal en representación de la CAM. Los directivos de la caja llegaron a “monopolizar la información sobre el grupo e imponer sus decisiones sobre participación de la CAM en el capital social de Valfensal, así como sobre financiación y política de reparto de dividendos de esta sociedad”.
Los imputados, una vez garantizada la financiación de Valfensal, adquirieron las sociedades Bencos Holding BV y Jacksonsport Corporation, esta última radicada en las Antillas Holandesas. Contrataron además al despacho antillano CMS Trust para maquillar esta última sociedad y aparentar una actividad real.
Gómez Bermúdez asegura que los entonces directivos de la entidad “no tuvieron ningún reparo al situar inversiones de la CAM en territorio calificados de paraíso fiscal”.
COMPRA DE HOTELES
Valfensal obtuvo la financiación necesaria para la adquisición de un primer hotel, en concreto del Hotel Caracol en México, comprado en el año 2004. Desde ese momento se comenzó a utilizar la sociedad Jackonsport “para concentrar la mayor parte de los ingresos que provenían de la facturación con los ‘tour operadores’, a la que posteriormente, en el año 2005, se le sumó la facturación proveniente del Hotel Gala”.
“En los últimos ejercicios tributarios ambos empresarios, con la colaboración de López, Gil y Véliz, habrían estado eludiendo el pago de impuestos a la Hacienda Pública española, situando la mayor parte de los beneficios obtenidos por la explotación de los hoteles en territorio antillano”, señalan los autos de detención.
La Intervención General de la Administración del Estado ha tasado en 333 millones de dólares (247 millones de euros) los ingresos de Jacksonport entre 2004 y 2011 y en 42 millones de dólares (31 millones de euros) la cuota supuestamente dejada de ingresar a las arcas públicas españolas desde 2007.
Gómez Bermúdez asegura además que López Abad, Gil, Ferrí, Baldó y Véliz “decidieron que Valfensal no repartiera dividendos, para lo que la contabilidad era conscientemente alterada en perjuicio de terceros”. El magistrado de la Audiencia Nacional esgrime en este sentido un correo electrónico en el que Véliz “pone de manifiesto de manera expresa la falsedad de la contabilidad del grupo”.
El juez señala por último que en el año 2010, aprovechando la difícil situación en la que se encontraba la CAM y en su perjuicio, “se decidió suscribir un contrato de gestión hotelera entre la sociedad Valfensal y la sociedad Seabrezee, por el que está última se encargaría de la gestión de todos los hoteles”.
“De esta forma, Ferri y Baldó retornaban los beneficios realmente producidos por Valfensal –dividendo encubierto- sin que la CAM obtuviera ingreso alguno por tal concepto”, indica el juez de la Audiencia Nacional.
DESPACHO DE GARRIGUES
El juez destaca que la estructura fiscal fue creada “con el asesoramiento del despacho Garrigues”. Este bufete emitió en marzo de 2004 un informe en el que indica “la estrategia fiscal que seguiría el grupo Valfensal respecto de los beneficios obtenidos por la explotación hotelera”.
Para ello, se utilizó una sociedad pantalla, con una actividad meramente aparente, situada en las Antillas Holandesas (actual Curaçao), denominada Jackonsport Corporation.
“El asesor fiscal perteneciente al despacho Garrigues, era consciente de que la estructura administrativa que los representantes de la sociedad Jackonsport alegaban poseer en territorio antillano podía ser mera cobertura, no obstante lo cual elaboró dos informes jurídicos defendiendo su legalidad”, indica Gómez Bermúdez.
En esta operaciones de planificación también participaron los despachos Aufisco BV y CMS Trust.