La audiencia nacional reactiva el “caso faisán” y pide a la guardia civil que revise la investigación

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha reactivado la investigación del “caso Faisán” y ha acordado una batería de diligencias, entre las que destaca la solicitud a la Guardia Civil para que revise todas las pesquisas efectuadas por la Policía Nacional sobre la delación que, el 4 de mayo de 2006, alertó a ETA en el bar “Faisán” de Irún (Guipúzcoa) de la operación que se iba a llevar a cabo contra su aparato de extorsión.
El magistrado ha dictado este jueves un auto en el que pide a la Unidad Central Especial de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil que analice varios de los aspectos más controvertidos de la investigación.
Esta diligencia fue solicitada por varias de las partes ante las sospechas sobre el equipo investigador que ha actuado hasta el momento, liderado por el comisario de la Policía Nacional Carlos Germán, quien fue precisamente el jefe del operativo contra el aparato de extorsión de ETA en el momento del chivatazo.
Ruz rechaza en cambio la imputación en la causa de Germán y de los miembros de su equipo investigador, una medida solicitada por la defensa del inspector José María Ballesteros, imputado en la causa por delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos junto con el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo.
El juez de la Audiencia Nacional pide en concreto a la Guardia Civil que elabore un informe sobre las posibles contradicciones entre el acta de vigilancia policial, la grabación del exterior del bar “Faisán” y las declaraciones del dueño del establecimiento y presunto enlace del aparato de extorsión de ETA Joseba Elosua.
Solicita asimismo a la Benemérita un informe “sobre el procedimiento de identificación de posibles llamadas sospechosas efectuadas por el equipo investigador” y “si el mismo ha sido limitado a comunicaciones telefónicas mantenidas entre funcionarios policiales”.
NUEVOS TESTIGOS
Dentro de la batería de diligencias, el juez Ruz ha llamado a declarar en calidad de testigo al yerno de Elosua, Carmelo Luquín, la persona que, momentos después de que se produjese el chivatazo, trasladó al dueño del bar "Faisán" hasta Francia para que alertara de la operación policial que se iba a llevar a cabo al miembro del aparato de extorsión de ETA José Antonio Cau Aldanur.
En el viaje, Elosua señaló a su yerno que una persona le había entregado un móvil a través del cual un policía le había advertido de la operación que se iba a llevar a cabo contra la banda terrorista y que había hecho referencia a la necesidad de “no fastidiar todo el proceso”. Esta conversación fue grabada gracias a una baliza instalada en el coche.
El juez llama a declarar además a dos agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, a dos de los policías que formaban parte del operativo policial y a dos funcionarios del quipo investigador. Todos ellos deberán declarar el próximo 26 de marzo a partir de las 11.30 horas.
ANTONIO CAMACHO
Ruz rechaza en cambio llamar a declarar como testigo al exministro del Interior y antiguo secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, por las llamadas que intercambió con los imputados en las horas previas y posteriores al chivatazo a ETA.
El magistrado pide además en su auto a la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil y la División Antiterrorista y de Información de la Ertzaintza que, “a la mayor brevedad”, le remitan un informe sobre el conocimiento que “con antelación a los hechos” tenían sobre la operación que se iba a llevar a cabo contra el aparato de extorsión de ETA y que fue desbaratada por el “soplo” del bar “Faisán”.
También encarga un informe pericial sobre la posibilidad de que en el chivatazo se utilizase un teléfono vía satélite. Solicita en este sentido que las compañía de telefonía satelital –Iridium, Thuraya e Inmarsat- le informen sobre las llamadas entrantes y salientes que se pudieron producir en la zona de Irún en la mañana en la que tuvo lugar el chivatazo.
Pide por último a la División de Gestión Económica de la Dirección General de la Policía para que “certifique íntegramente” si el imputado Ballesteros se encontraba efectivamente en comisión de servicios en Irún el 4 de mayo de 2006, tal y como alega el inspector. El juez Ruz rechaza además en la resolución archivar las actuaciones con respecto a Ballesteros.
El magistrado ha tomado estas decisiones después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocase por unanimidad el pasado 21 de septiembre de 2011 el procesamiento dictado contra los tres mandos policiales acusados en el “caso Faisán” y decidiese devolver la causa al instructor para que amplíe la investigación.