La audiencia plantea al fiscal admitir las querellas del frob contra los exdirigentes del banco de valencia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si admite a trámite las siete querellas presentadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contra los antiguos dirigentes del Banco de Valencia por la presunta gestión desleal de la entidad y contra varios empresarios que se habrían beneficiado de la situación.

El magistrado ha abierto siete piezas separadas, una por cada querella, y ha dado traslado de las mismas a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre la pertinencia de abrir una investigación por cada una de ellas, según señalaron fuentes de la Audiencia Nacional.
Todas las querellas tienen en común que van dirigidas, entre otras personas, contra el antiguo consejero delegado de la entidad Domingo Parra. Algunos de los escritos del FROB también se dirigen contra el expresidente José Luis Olivas y contra el antiguo consejero delegado Aurelio Izquierdo.
Las siete querella del FROB fueron registradas ayer en la Audiencia Nacional. Estos nuevos escritos se suman a la querella presentada por el propio FROB en junio pasado por la presunta comisión de delitos de de estafa, administración desleal y apropiación indebida por parte de los antiguos dirigentes del Banco de Valencia.
Existe además otra querella que fue presentada por un grupo de pequeños accionistas en los juzgados de Valencia, que se inhibieron a favor de la Audiencia Nacional. Está inhibición debe ahora ser confirmada por la Audiencia Provincial de Valencia.
DENUNCIA ORIGINAL
La denuncia original del FROB va dirigida contra algunos de los antiguos responsables del Banco de Valencia, entre ellos Domingo Parra y Aurelio Izquierdo, por “las irregularidades o incumplimientos de la normativa bancaria y mercantil en la gestión desarrollada por los anteriores administradores y directivos de la entidad”.
La Fiscalía Anticorrupción ya informó a favor de que la Audiencia Nacional se haga cargo de las investigaciones contra la antigua cúpula del Banco de Valencia. El Ministerio Público entiende que el caso es competencia de la Audiencia ya que se produjeron presuntamente defraudaciones que tuvieron “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional”,
El Banco de Valencia tuvo que ser intervenido en octubre de 2011 y se sustituyó al consejo de administración debido a la situación económica de la entidad. El Banco de España le inyectó 2.000 millones de euros y, posteriormente, el Tesoro Público le otorgó un aval de 1.500 millones de euros para poder solicitar otro préstamo al Banco Central Europeo.