La Cámara mantiene voto de desconfianza contra Secretario de Justicia de EEUU

Washington, 27 jun.- El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., John Boehner, afirmó hoy que se mantiene en pie el voto de mañana por desacato contra el fiscal general y secretario de Justicia, Eric Holder.

El origen de la moción de desconfianza es la negativa del Departamento y el Gobierno a entregar documentos adicionales relacionados con la fallida operación secreta "Rápido y Furioso" de 2009, que permitió el tráfico de armas a México para rastrear a los jefes del narcotráfico.

Durante una rueda de prensa, Boehner dijo que la oposición hubiese preferido no llegar hasta este punto, al tiempo que responsabilizó a Holder y a la Casa Blanca por su negativa a entregar los documentos exigidos.

"Preferiríamos que el fiscal general (Holder) y el presidente (Barack Obama) trabajasen con nosotros para llegar al fondo de un asunto muy serio", dijo Boehner, quien acusó a la Administración Obama de no demostrar la voluntad de decir la verdad sobre lo que ocurrió y por qué.

La Cámara Baja votará una resolución de 48 páginas, que ya fue aprobada el pasado 20 de junio por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de ese órgano legislativo.

Si la aprueba el pleno, donde los republicanos tienen mayoría, se abriría una larga y tortuosa batalla legal entre el Congreso y el Ejecutivo, en pleno año electoral.

Según la cadena televisiva CBS, sería la cuarta vez en 30 años que el Congreso inicia un proceso de desacato contra un miembro del Ejecutivo estadounidense.

Pero no está claro que los tribunales puedan exigir la entrega de los documentos, después de que la Casa Blanca invocara la semana pasada la figura del fuero ejecutivo, por primera vez bajo la presidencia de Obama, para no entregar los documentos reclamados.

La Casa Blanca reiteró hoy su queja de que el voto tiene claras motivaciones políticas, porque nadie cuestiona que se trató de una operación que empleó tácticas fallidas.

Los republicanos de la Cámara Baja tratan de "sumar puntos políticos... en vez de centrarse en los empleos y la economía", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, en su rueda de prensa diaria.

Carney dijo que hubo "amplia oportunidad" el lunes, durante una reunión entre miembros del Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el Comité, para resolver el asunto, pero los republicanos optaron por una jugada política.

"Esperamos que los republicanos cambien de parecer y piensen en lo que es el rumbo correcto", enfatizó Carney, quien reiteró que el Departamento de Justicia ha cooperado "extremadamente" en las investigaciones.

Por su parte, la bancada demócrata instó hoy a la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que defiende la tenencia de las armas en EE.UU., a que no intente influir en el proceso de mañana, después de que la organización indicase la semana pasada que evaluará el voto de cada legislador, de cara a los comicios de noviembre próximo.

La campaña de presión del NRA ha abonado el nerviosismo entre algunos legisladores demócratas, especialmente entre aquellos que afrontan una reñida contienda en sus distritos.

En disputa están unos documentos adicionales exigidos, bajo citación judicial, por la bancada republicana de la Cámara Baja.

La Casa Blanca ha recurrido al fuero ejecutivo, que protege las deliberaciones internas de toda agencia federal, para negarse a entregar los documentos, todos posteriores al 4 de febrero de 2011, cuando el Departamento de Justicia negó inicialmente la existencia de la fallida operación encubierta.

Holder ha insistido siempre en que no hubo ningún esfuerzo por engañar al Congreso sobre "Rápido y Furioso", una operación a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (ATF, por su sigla en inglés), que permitió el trasiego ilegal de unas 2.000 armas a México en 2009.

Se perdió el rastro a muchas de las armas adquiridas dentro de la operación, que fueron a parar a manos del crimen organizado en México. Dos fueron halladas en la escena del asesinato del agente estadounidense de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, en diciembre de 2010.

Los republicanos se quejan de que el Departamento de Justicia tiene unas 140.000 páginas relacionadas con "Rápido y Furioso", de las que sólo ha entregado poco más de 7.000.

Agregan que esos documentos ayudarían a esclarecer quién ordenó o estuvo al tanto de la fallida operación secreta y cuándo, y exigir la rendición de cuentas.

La mayoría de los legisladores demócratas ha salido a la defensa de Holder al asegurar que el voto de mañana tiene motivaciones políticas, a cinco meses de las elecciones presidenciales en EE.UU.