La Carta Interamericana, más necesaria que nunca en un continente fragmentado

Miriam Burgués

Washington, 8 sep.- La Carta Democrática Interamericana es hoy más necesaria que aquel 11 de septiembre de 2001 en que fue aprobada, en un continente mucho más "fragmentado" que entonces y con una menor voluntad por parte de los gobiernos para aplicarla.

Si la sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Lima ese día fuera hoy, "seguramente la carta no se aprobaría", dijo a Efe Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un centro independiente de estudios políticos con sede en Washington.

En los diez años de vida de la carta, "ha bajado muchísimo la voluntad de los gobiernos para aplicarla", argumentó el analista.

Esa falta de voluntad para hacer cumplir el documento, que establece en su artículo 1 que los "pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla", se debe en parte a que el continente "está mucho más fragmentado" que hace una década, según Shifter.

Estados Unidos "va por libre", añade este experto, con un presidente, Barack Obama, que trata "de no influir mucho" en los asuntos latinoamericanos para no ser tan cuestionado como su antecesor, George W. Bush, y Brasil no está tan centrado en la región como durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva.

Se necesita "el liderazgo" de algún país para retomar la "voluntad colectiva" de hacer valer la carta, pero hoy por hoy en América "falta coherencia y unidad", anotó el presidente de Diálogo Interamericano.

A su juicio, todavía hay mucha necesidad de mantener el principio clave de la carta, el del respeto y potenciación de la democracia, incluso más que cuando se aprobó el 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los atentados terroristas de Al Qaeda en Estados Unidos.

"Sigue habiendo graves problemas" en la región en cuanto al ejercicio efectivo de la democracia y "algunos están empeorando", alertó Shifter, quien no dio ejemplos pero sostuvo que países como Venezuela, Nicaragua y Ecuador "no aplican la carta".

El documento, en sus 28 artículos repartidos en seis artículos, hace un repaso a los "elementos esenciales" de la democracia representativa, que son, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, y la separación e independencia de los poderes públicos.

Además, la carta afirma que son "componentes fundamentales" del ejercicio de la democracia "la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa".

Y en uno de sus capítulos fundamentales, el cuarto, establece que, en concordancia con la cláusula democrática, "la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un Estado miembro" es un "obstáculo insuperable" para la participación de un gobierno en las instancias de la OEA.

Cuando eso ocurre existen unos protocolos de actuación bien definidos en la carta que llevan, en última instancia, a "suspender" a un Estado de su derecho de participación en la OEA, si lo aprueba la Asamblea General del organismo con el voto afirmativo de los dos tercios de los países miembros.

Así sucedió en el caso de Honduras, suspendida en 2009 tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya y readmitida de nuevo en la OEA el pasado 1 de junio.

El caso de Honduras volvió a poner sobre la mesa un viejo debate sobre la necesidad de modificar la carta, abordado también en la reunión de cancilleres de la OEA celebrada el pasado fin de semana en Chile, donde el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, insistió en que abrir el documento a posibles cambios "sería un grave error".

En la misma línea, para Shifter el texto "como marco jurídico es excelente" y lo que se requiere es "activarlo y aprovecharlo".

Más allá de las consideraciones sobre la democracia, pendientes están también otros compromisos fundamentales como los que figuran en el artículo 12 sobre tomar "todas las acciones necesarias" para crear empleo productivo, reducir la pobreza y "erradicar" la pobreza extrema.

En Latinoamérica y el Caribe todavía había en 2010 unos 180 millones de pobres (un 32,1 % de la población total), de los que 72 millones (12,9 % del total), estaban en la indigencia, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dependiente de Naciones Unidas.