Nueva Delhi, 10 dic.- Las autoridades de la ciudad de Hyderabad, en el sur de la India, han prohibido las operaciones de Uber, después de que el conductor de un taxi contratado a través de esta empresa fuera acusado de violación en Nueva Delhi, donde las autoridades locales declararon ilegal la actividad de la compañía.
"Siguiendo la recomendación del Gobierno de la India, el Departamento de Transporte ha prohibido todas las actividades relacionadas con el servicio de transporte de www.uber.com con efecto inmediato", se indica en un comunicado del ente estatal recogido hoy por los medios locales.
La decisión de Hyderabad, capital de los estados de Telangana y Andhra Pradesh, llega un día después de que el ministro del Interior, Rajnath Singh, pidiese a los Gobiernos locales que considerasen la prohibición de la compañía estadounidense, que hasta ahora operaba en 11 ciudades indias.
Además, la Policía de Nueva Delhi ha registrado una denuncia contra Uber por supuestamente "engañar" a sus clientes al no comprobar los antecedentes de sus conductores, tal y como establece la ley india y asegura en su web la compañía.
La supuesta violación ocurrió el viernes, cuando el acusado Shiv Kumar Yadav, llevó a una pasajera a un lugar alejado y abusó de ella.
Yadav, de 32 años, fue acusado de molestar a una mujer en 2003, posesión ilegal de armas en 2006, violación en 2011, casos de los que fue absuelto, y de nuevo por abusos sexuales en 2013, hecho por el que estaba en libertad bajo fianza a la espera de juicio, informó a Efe el jefe de la Policía del norte de Delhi, el inspector Madhur Verma.
Por si fuera poco, una mujer, Nidhi Shah, presentó una queja a Uber a finales de noviembre acerca del comportamiento "inquietante" de Yadav, tras viajar en su vehículo.
"Informé de Shiv Kumar Yadav a Uber el 26 de noviembre. Me dijeron en un correo electrónico que lo chequearían. No lo suficientemente rápido", afirmó Shah en su cuenta de Twitter.
Uber, con sede en San Francisco, se ha convertido en poco tiempo en un gigante presente en 250 ciudades de 50 países y valorado en unos 40.000 millones de dólares.
Pero la compañía se enfrenta a una serie de casos judiciales y prohibiciones en diferentes lugares del mundo, y ayer España ordenó el cese y la prohibición en todo el país del servicio al considerar que sus conductores carecen de autorización administrativa para desarrollar la labor y que su actividad supone competencia desleal.
También ayer fiscales de San Francisco y Los Ángeles demandaron al servicio de vehículos compartidos al aducir que engaña a los consumidores.
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