Madrid.- La Comisión del Estatuto de los Diputados del Congreso, presumiblemente, se declarará incompetente el próximo martes para estudiar el asunto del patrimonio del presidente de la Cámara, José Bono, una vez que reciba el informe encargado a los servicios jurídicos a este respecto.
Hace un mes que la comisión pidió al letrado de este órgano un informe jurídico a fin de verificar si es competente o no para investigar los bienes de Bono, a raíz de la denuncia de un abogado de Murcia que apuntaba un supuesto incremento irregular del patrimonio.
Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que, posiblemente, el informe señale que la comisión no es competente para indagar sobre los bienes y propiedades de un diputado.
A falta de conocer el contenido concreto del informe, las mismas fuentes entienden que entre las funciones reservadas a esta comisión en el Reglamento de la Cámara no figura la investigación de las posesiones de los diputados.
El asunto llegó a la comisión después de que la Mesa del Congreso le remitiera un escrito presentado en la Cámara por un abogado de Murcia, José Luis Mazón, quien pedía que se investigara el patrimonio del presidente del Congreso.
Después, el PP exigió explicaciones públicas a Bono ante sus supuestos "desajustes patrimoniales", el asunto pasó por la Mesa del Congreso y, tras la insistencia del grupo popular, se acordó llevarlo a la Comisión del Estatuto de los Diputados.
En este tiempo, además, el PP ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, en la que traslada las últimas informaciones publicadas sobre el patrimonio de Bono y reclama la "urgente" intervención en el caso de la Fiscalía Anticorrupción.
Con anterioridad, en concreto los días 29 de abril y 5, 11 y 20 de mayo, el PP registró diversos escritos para reclamar al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que se instruyeran diligencias prejudiciales por parte de la Fiscalía Anticorrupción, como "ha venido haciéndose en todos los casos análogos de supuestas irregularidades patrimoniales de autoridades públicas".
Sin embargo, la Fiscalía respondió la semana pasada que no investigará al presidente del Congreso basándose en "insinuaciones de terceros" -en referencia a las diversas informaciones periodísticas sobre el incremento de su patrimonio- que, además, no le atribuyen ningún hecho presuntamente delictivo.
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