La Comunidad niega cambios en el borrador de la Ley de la Cañada Real

Madrid.- La Comunidad de Madrid ha negado hoy haber introducido cambios en el anteproyecto de Ley de la Cañada Real y ha asegurado que desde el principio de la negociación con los ayuntamientos afectados se fijaron plazos.

Así lo ha manifestado la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, que ha responsabilizado a la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, y al alcalde de Rivas, José Masa, de "romper el consenso alcanzado" por "miedo a asumir sus responsabilidades".

"Da la sensación de que Masa y Martínez, que nunca hicieron observaciones sobre los plazos fijados y ahora rompen el consenso alcanzado, tienen miedo de asumir sus responsabilidades a la hora de abordar un asunto que, según aseguró en julio la delegada de Urbanismo, podía resolverse en 24 horas", critica Mariño en un comunicado.

"Es rotundamente falso que hayamos modificado el texto elaborado antes del verano", asevera la consejera, que advierte de que "la Comunidad de Madrid no se hace responsable de que tanto Pilar Martínez como José Masa no repararan en que en el documento acordado siempre se fijaron plazos".

Según la consejera, ya en julio se fijó un plazo de dos años para que los ayuntamientos, de acuerdo con la Comunidad, asentaran las bases para afrontar la cuestión social de la Cañada y adaptaran su planeamiento.

Una vez transcurrido ese plazo, "conocido por los consistorios" -subraya Mariño-, la Comunidad de Madrid tendrá capacidad para decidir qué hacer con los terrenos afectados en la zona, explica.

Asegura Mariño que "la intención de la Comunidad es resolver el problema, no mirar hacia otro lado" y que, precisamente por eso, el Gobierno regional "siempre ha considerado necesario fijar un plazo para evitar que el problema de la Cañada se eternice en el tiempo".

Considera además que "es intolerable que se acuse a la Comunidad de auspiciar operaciones urbanísticas especulativas en la zona, cuando sólo queremos solucionar un problema histórico que otros no han querido o no han sabido resolver antes", sostiene.

Por último, defiende que la Comunidad de Madrid ha sido "la única administración que ha liderado a través del consenso la resolución de este problema" y que "a pesar de ciertas actitudes y declaraciones es intención del Ejecutivo regional llegar a un acuerdo y aprobar la Ley".