La crisis y las medidas de impulso quintuplican el déficit hasta el 6% del PIB

Madrid.- Las cuentas del Estado continúan su deterioro por la crisis y la menor actividad económica, unido a las medidas de impulso puestas en marcha para combatirla, han hecho que el déficit de la Administración central hasta septiembre roce el 6% del PIB, cinco veces más que el del mismo periodo de 2008.

Así, según los datos de ejecución presupuestaria presentados hoy en rueda de prensa por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, el déficit del Estado se elevó en septiembre a 62.780 millones de euros, lo que supone el 5,96% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,24% registrado en los nueve primeros meses de 2008.

Los números rojos se producen ante un gasto que casi duplica a los ingresos: 135.130 millones en pagos (el 22,6% más) frente a 72.350 millones en recursos (el 25,2% menos).

El culpable de este saldo es la crisis económica en sí misma porque la menor actividad provoca sobre todo una fuerte caída de los ingresos impositivos, pero también influyen las medidas de impulso fiscal aprobadas por el Gobierno para afrontar esta situación, aseguró el secretario de Estado.

Según Ocaña, sin estas medidas la caída de los ingresos no habría sido tan alta, sino cinco puntos inferior, mientras que el aumento de los gastos habría estado seis puntos por debajo del registrado.

Lo cierto es que el peor efecto de la crisis, el desempleo, se lleva la mayor tajada del aumento del gasto: el Estado ha tenido que dedicar 13.508 millones de euros adicionales en transferencias corrientes a los Servicios Públicos de Empleo para pagar las prestaciones por paro.

El conjunto del gasto por transferencias corrientes ha aumentado el 28,1%, hasta los 77.089 millones de euros, mientras que las de capital han subido el 155%, debido a que en ellas se incluyen los gastos destinados al Fondo de Inversión Local.

En el lado de los ingresos, el parón de económico provoca que los recursos económicos, procedentes en su mayoría de los impuestos que gravan el trabajo, la actividad empresarial y el consumo, sean mucho menores.

De esta forma, la caída de los ingresos tributarios fue del 19,3%, aunque si no se hubiesen tomado medidas, según Hacienda, habría sido del 14,5%.

La recaudación por el IVA cayó el 33,9% entre enero y septiembre, aunque Ocaña subrayó que el descenso se ha moderado en términos mensuales (fue del 9,3%), lo que puede denotar, en su opinión, una cierta ralentización en el deterioro del consumo.

Una moderación que también podría afectar a la actividad inmobiliaria, que también grava el IVA, según recordó el secretario de Estado, quien subrayó que sin medidas como el mayor ritmo de las devoluciones o las que se hacen de manera mensual la caída de la recaudación por IVA habría sido menor (del 22,2% según los cálculos de Hacienda).

También en el caso de la recaudación por el IRPF, que cayó el 10,9%, citó Ocaña las medidas de impulso -como la deducción de 400 euros y el mayor ritmo de devoluciones y aplazamientos-, sin las cuales, según su departamento, los ingresos por este impuesto habrían bajado menos, el 7,2%.

En cuanto al tributo que grava a las empresas, el de Sociedades, la recaudación cayó el 30,4%, y en este caso se notó menos el efecto de las medidas de impulso -como el pago fraccionado o los mayores aplazamientos- sin las cuales los ingresos habrían bajado el 29,7%.

Con los datos conocidos hoy se comprueba que el déficit del Estado va poco a poco acercándose a la previsión para el cierre del año -del 8,1% del PIB-, un cálculo que todavía el Gobierno ve posible cumplir.

No obstante, Ocaña admitió que para que se cumpla la previsión de déficit del conjunto de las administraciones -del 9,5% del PIB- las comunidades y los ayuntamientos deberán cumplir con su parte y no pasarse del objetivo presupuestario que se les ha marcado por ley, según el cual las regiones no pueden pasar de un déficit conjunto del 1,5% del PIB y los ayuntamientos no pueden superar el del 0,3%.

Ocaña apuntó que estos datos hacen, si cabe, más justificable la subida de impuestos y el recorte del gasto previstos en los Presupuestos de 2010 porque muestran que el Gobierno tiene que comprometerse ya con la consolidación fiscal.

Admitió que será difícil cumplir el Pacto de Estabilidad europeo -que obliga a tener un déficit inferior al 3% del PIB en 2012-, pero aseguró que el Gobierno no ha pedido a la Comisión Europea que amplíe este plazo, aunque si lo hace no tendrán "ninguna objeción".