Asunción, 16 jul.- La defensa de los campesinos imputados por la matanza de junio de 2012 en Paraguay demandó hoy la nulidad de la causa por distintas violaciones del debido proceso, en la segunda jornada de la audiencia preliminar en el Palacio de Justicia de Asunción.
Los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, que defienden a once de los 12 campesinos para los que el fiscal pide apertura de juicio oral, comenzaron a desgranar el martes las razones para su petición y concluirán este miércoles la exposición.
Once campesinos y seis policías fallecieron el 15 de junio de 2012 en un enfrentamiento durante una operación policial de desalojo de una finca de Curuguaty (nordeste), cuya propiedad se disputan el Estado paraguayo y la familia del empresario y ex líder político colorado Blas N. Riquelme
El fiscal, Jalil Rachid, concluyó tras su investigación que la Policía fue víctima de una emboscada campesina y este martes pidió a la jueza, Yanine Ríos, que "acepte las pruebas presentadas y se eleve la causa a juicio oral".
La defensa expuso cuatro de los diez "incidencias procesales" que, a su juicio, obligan a la jueza a declarar la nulidad del proceso.
Una de ellas es que aún está pendiente de resolución judicial, en otra corte, la auténtica titularidad de las tierras donde ocurrió la matanza que, una semana después, causó la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, en un juicio político del Legislativo y el aislamiento de Paraguay, suspendido del Mercosur y la Unasur.
Rachid acusa a los campesinos de homicidio doloso y asociación criminal así como también de invasión de inmueble, delito éste que la defensa considera no imputable a sus representados mientras no se resuelva quién es el propietario de la finca.
"El Ministerio Público (Fiscalía) de ninguna manera puede sostener que la titularidad corresponde" a la empresa de Riquelme, dijo Morales.
La segunda incidencia planteada tiene que ver con la repetición de la audiencia ahora en marcha sin anular la anterior, que se desarrolló los días 3 y 4 de junio pasado y fue suspendida.
"Al partir la audiencia en dos y retrotraernos a algo ya concluido, atenta contra el debido proceso", expuso Ferreiro, al observar que incluso aunque la jueza "decidiera sobreseer a todos (los imputados, durante la audiencia), no tendría validez jurídica".
El fiscal pidió el lunes sobreseer el caso contra tres de los quince campesinos originalmente imputados, por falta de pruebas.
La defensa planteó también que el presidente paraguayo saliente, Federico Franco, ya violó la presunción de inocencia de los acusados al llamar "asesino" al presunto cabecilla, Rubén Villalba, que huyó herido de la escena de la matanza y fue detenido unos meses después.
"La sola intromisión del presidente de la República acarrea la nulidad", dijo el abogado.
Franco "calificó de asesino a mi defendido. El presidente destruyó así toda posibilidad de que se lleve a cabo este proceso con la independencia debida", añadió,
Lo que dijo el presidente tras la detención de Villalba "más que declaraciones son (una) sentencia pública", insistió Ferreiro.
Finalmente, en su exposición de este martes la defensa atacó la actuación del fiscal Rachid, ya que la ley procesal le obliga a desarrollar su investigación "con un criterio de objetividad" y presentando pruebas de cargo y descargo
Sin embargo, añadió Ferreiro, cuando aún no había presentado las conclusiones de su investigación ya aludía a los campesinos como invasores de la tierra y responsables de la matanza.
"Esto denota una visión prejuiciosa de la causa. Por el afán de cumplir con sus obligaciones (Rachid) se excedió y violó el proceso", aseveró el letrado.
Rachid presentó las conclusiones de su investigación en diciembre pasado y la audiencia preliminar de este caso debía haber comenzado el 14 de febrero y ha sido pospuesta varias veces.
En el proceso, la Fiscalía rehusó recusar al fiscal por la amistad de su familia con la de Riquelme, como pidió la defensa, aunque sí cambió al magistrado encargado por Ríos, jueza de la Niñez y la Infancia de Curuguaty en cuyo tribunal ya ha sido condenado uno de los menores imputados por los sucesos de junio de 2012.
El expresidente Lugo, senador electo en los comicios del pasado 21 de abril en Paraguay, así como la defensa y distintas organizaciones de campesinos y de activistas de derechos humanos, han insistido ante la Fiscalía para que investigue también la actuación policial el día de la matanza.
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