La defensora del pueblo visita a los presos españoles encarcelados en perú

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que acaba de regresar de un viaje a Perú en el que ha visitado a los más de 200 presos españoles que se encuentran encarcelados allí, ha alertado de las consecuencias fatales que conlleva transportar droga desde Sudamérica.
En una entrevista con Servimedia, la defensora explicó que ha estado en Perú en una reunión con defensores del Pueblo de Sudamérica y que aprovechó para visitar las prisiones de Sarita Colonias (Callao) y Ancón II, donde se encuentran un total de 233 presos de nacionalidad española, con objeto de interesarse por su situación personal y penitenciaria.
Soledad Becerril se ha entrevistado con los internos para conocer los problemas que les aquejan, así como la asistencia consular que reciben y las posibilidades de retorno a España.
Perú es el país con mayor número de reclusos españoles, casi todos ellos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Las condiciones de vida difieren en los centros visitados, si bien en todos ellos son extremadamente duras.
"El consulado y la embajada atienden a estos españoles, pero la situación de las cárceles peruanas es muy difícil", expresó Becerril quien agregó que "es importante que la gente sepa que les van a detener" si traen droga a España.
Perú ha experimentado un crecimiento exponencial en el número de detenidos españoles por tráfico de drogas a lo largo de los últimos años. El motivo es el control de las autoridades peruanas sobre las redes internacionales de tráfico de estupefacientes. Son muchas las personas que, engañadas por las mafias, piensan que han encontrado con una vía rápida y fácil de conseguir dinero.
A raíz de una visita efectuada en 2011 por técnicos del Defensor del Pueblo de España, las autoridades peruanas procedieron a trasladar a la gran mayoría de presos españoles a la prisión de Ancón II, cárcel modelo, mucho más moderna con menos hacinamiento y con una gestión más fácil y mejores condiciones de vida. Hasta el pasado mes de octubre, la situación se había mantenido, pero actualmente no se producen más traslados, informó la defensora.
Cuando los presos son puestos en régimen de semilibertad pierden la ayuda económica consular y se encuentran en la calle sin posibilidad de salir del país, con escasas posibilidades de encontrar trabajo.
La repatriación a España sería muy conveniente para muchos de ellos, si bien esto exige el pago de la reparación civil, lo que en la mayoría de los casos resulta inviable.
Se encuentra en tramitación un Proyecto de Ley que establecería la expulsión de personas extranjeras condenadas, pero no hay fecha para su debate. Por ello, la Defensora insta a las autoridades españolas a establecer una colaboración con sus homólogos peruanos, de manera que encuentren una solución a la situación de los detenidos españoles.