Lima, 13 nov.- La detención hoy en Colombia y Perú de los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana asestó un duro golpe a una red de corrupción que extendió sus tentáculos en el narcotráfico, tala y minería ilegal, entre otros delitos, además de tener vínculos con funcionarios y asesores en varias entidades del Estado.
El empresario y abogado Rodolfo Orellana estaba prófugo de la justicia peruana desde julio pasado cuando la Fiscalía ordenó su detención, a raíz de una investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir contra él, su abogado Benedicto Jiménez y una veintena de personas.
Orellana tenía 35 denuncias penales desde 2001, pero su caso salió a la luz pública este año cuando la Procuraduría de la República encontró vínculos con la red de corrupción del encarcelado expresidente de la región Ancash, César Álvarez.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, destacó hoy desde Roma, donde se reunirá mañana con el Papa Francisco, el trabajo de la Policía Antidrogas que estuvo desde "hace 45 días en Colombia haciendo una labor de seguimiento", con el apoyo de las autoridades colombianas, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Interpol.
Humala confirmó igualmente la detención en Perú de Ludith Orellana, hermana de Rodolfo Orellana, y quien era considerada la segunda en la organización mafiosa.
La procuradora contra el lavado de activos, Julia Príncipe, explicó ante una comisión investigadora del Congreso que Rodolfo Orellana amasó una fortuna de 150 millones de soles (51 millones de dólares) por sus negocios en el sector inmobiliario, tala, minería ilegal y narcotráfico, entre otras actividades.
Príncipe ha detallado que Orellana y varios de sus hermanos armaron un aparato criminal mediante la constitución de empresas inmobiliarias, de inversiones y editoras.
El detenido se apropió ilícitamente de inmuebles del Estado, utilizando a abogados, notarios y funcionarios, así como a unos 30 testaferros detectados hasta la fecha para registrar propiedades que pertenecieron a entidades públicas y privadas.
La red Orellana también creó un aparato encargado de amedrentar y difamar a periodistas, investigadores, jueces y fiscales que destaparon sus actividades, y en el cual estuvo actuando el abogado y exjefe policial Benedicto Jiménez, recientemente detenido en una cárcel de máxima seguridad.
Jiménez fue jefe del grupo especial de inteligencia policial que capturó en 1992 al fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y luego se dedicó a la política.
El legislador opositor Víctor García Belaúnde y la propia Procuradora fueron víctimas del seguimiento y amenazas de la red Orellana, mientras que el parlamentario Heriberto Benítez ha sido señalado también como uno de sus colaboradores en esa campaña de amedrentamiento.
La Procuraduría del Estado ha pedido investigar la participación de Orellana y Benítez en la interceptación telefónica atribuida al expresidente regional de Ancash, en el caso denominado "La Centralita", en otro importante proceso anticorrupción a cargo de la Fiscalía y del Congreso peruanos.
El Congreso peruano instaló en agosto pasado una comisión investigadora de las denuncias contra Orellana por los presuntos nexos del empresario con autoridades del Estado y magistrados del poder judicial, entre ellos el fiscal de la Nación, Carlos Ramos, por haber recibido al empresario en su despacho en medio de las acusaciones en su contra.
De acuerdo al presidente de la comisión investigadora, Vicente Zeballos, hay al menos tres congresistas de diferentes partidos que tienen algún grado de responsabilidad en la red criminal de Orellana.
Por su parte, el legislador García Belaúnde afirmó que se trata de una organización criminal muy grande, que desde 1999 a la fecha ha crecido mucho, y ha despojado de propiedades al Estado y privados.
"Evidentemente van a caer muchas personas (...) Hay algunos parlamentarios que están involucrados", declaró tras la captura de Orellana en la ciudad de Cali (Colombia).
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