Palencia.- La dificultad de los campesinos para acceder a la propiedad de la tierra se revela como uno de los grandes frenos para cumplir el "Objetivo del Milenio" que persigue la soberanía alimentaria y acabar con el hambre en el mundo.
Así se desprende de las valoraciones de expertos internacionales que han participado hoy en la sesión de trabajo denominada "el acceso a la tierra y otros recursos naturales para mejorar los medios de vida de la población rural", que se desarrolla en el marco del III Foro Europeo de Desarrollo Rural de Palencia (29 de marzo-1 de abril de 2011).
Los expertos han analizado en esta sesión, coordinada por el Grupo de trabajo de Asuntos de la Tierra de la Unión Europea (UE), los sistemas agrícolas y de acceso a las tierras en Camboya, Tanzania, Bolivia, Mozambique o Madagascar y su influencia en el abastecimiento alimentario y la pobreza en el medio rural.
El minifundismo, el desigual reparto de tierras y recursos, la agricultura y ganadería de subsistencia y la dificultad de acceder a microcréditos condenan a buena parte de su población a la pobreza.
El boliviano Alcides Vadillo, experto en agricultura, ha narrado "el inestable equilibrio" de catorce años de reforma agraria, en su opinión todavía "incompleta" y con muchas "luces y sombras", en un país con una superficie de 109 millones de hectáreas y con un 38 % de la población rural, el 82 % de ella en situación de pobreza.
Vadillo ha comentado los desequilibrios vividos en Bolivia entre 1952 y 1992, período en el que el 52 % de la superficie de cultivo estatal se distribuyó a tan sólo el 2 % de propietarios, que acumulaban extensiones de más de 2.500 hectáreas.
Tras catorce años y pese a las últimas reformas del presidente Evo Morales para mejorar el acceso y reparto a la tierra, Vadillo ha resaltado la enorme lentitud de este proceso de "revisión" que se ha saldado con "débiles cambios" en la estructura de la propiedad.
Se han favorecido las denominadas tierras "fiscales" -estatales- y "olvidado" a parte de los campesinos andinos en todo este proceso de reforma, en beneficio de los agricultores de llanura amazónica.
Actualmente -ha precisado- la mitad de la superficie boliviana no ha pasado por el proceso de "saneamiento" -revisión de la propiedad en función de si cumple o no con criterios sociales y económicos- y, donde se ha aplicado, ha costado 150 millones de dólares.
Pese a que Bolivia ha avanzado en arbitrar límites para la concentración de la tierra y reconocer tierras a indígenas y mujeres, en la actualidad siguen existiendo grandes propiedades improductivas y ineficientes "que un país pobre no se puede permitir cuando hay mucha gente que la necesita para sobrevivir".
El experto agrónomo Franz-Volker Müller ha informado de que un ambicioso programa para la regularización de tierras en el período 2002-2007 ha permitido que unos 2 millones de camboyanos tengan reconocidos sus títulos de propiedad, registrada en el catastro, lo que les aporta seguridad para la producción de alimentos.
Müller ha indicado que se trata de un proceso intensivo que ha permitido la expedición de 350.000 títulos al año ó 1.000 al día a un precio inferior a los 10 euros por hectárea, aunque todavía hay muchos colonos (unos 100.000) e incluso comunidades enteras instaladas irregularmente en terrenos que no son de su propiedad, lo que frena las inversiones y el desarrollo de esta actividad.
Ha destacado que el acceso a títulos de propiedad en el catastro ha facilitado el acceso a préstamos a menor coste aunque muy pocos de estos fondos se dirigen todavía a actividades agrarias.
Ha explicado que el país cuenta con un 80 % de población rural que trabaja en minifundios de menos de una hectárea, un alto índice de inseguridad alimentaria y una actividad sólo seis meses al año.
El malgache Rija Ranaivoarison, representante del programa nacional sobre territorio y tierras malgache, ha explicado el proceso en este país para reconocer la propiedad de la tierra.
La duración de los trámites y los costes se situaba hasta 2005 en unos 500 dólares por hectárea, cantidad no accesible para la mayor parte de los campesinos locales, según ha remarcado Ranaivoarison.
En la actualidad, una comisión local formada por un representante de la comunidad, el jefe del pueblo y dos mayores (sabios) puede otorgar el reconocimiento de la propiedad de la tierra que más tarde regulariza "una taquilla del suelo" por sólo 6 dólares por hectárea.
El tanzano Saidi Bakari ha comentado la forma en la que diez aldeas han conseguido que se les reconozca la propiedad y uso de terrenos en el entorno del bosque de Suledo, donde desarrollan la ganadería en la estepa maasai y explotan racionalmente la madera.
La experiencia de gestión de los terrenos ha permitido luchar frente a la invasión de taladores ilegales, agricultores o cazadores furtivos y velar por el uso sostenible en este entorno natural.
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