La dueña de un restaurante y una intrusa en dos ERE se consideran "víctimas"

Sevilla, 15 sep.- La dueña del restaurante Río Grande de Sevilla y una mujer de 67 años presunta "intrusa" en dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) supuestamente fraudulentos han declarado hoy ante la juez como imputadas y han asegurado que son "víctimas" y no beneficiarias de los fondos públicos.

María del Carmen García, propietaria del restaurante, ha afirmado, en las más de tres horas de declaración ante la juez de instrucción 6 de Sevilla, que sus asesores jurídicos se encargaron del ERE para doce trabajadores de su empresa y que ella se limitó a firmar los numerosos documentos que le dieron, informaron a Efe fuentes del caso.

Los asesores fueron el exsindicalista Juan Lanzas y Francisco González, comercial de Vitalia Vida, una consultora dedicada a prejubilaciones, según la empresaria, que está imputada por prevaricación, maquinación para la obtención fraudulenta de fondos y cohecho.

La empresaria ha asegurado que la mujer "intrusa" en los ERE, Carmen Fontela, no estaba dentro de la relación de trabajadores acogidos al expediente que ella firmó, y ha agregado que se sentía "perjudicada y víctima" a pesar de que la Junta abonó los 1,5 millones de euros que costó el ERE de su empresa.

Carmen Fontela, la presunta intrusa en los ERE del restaurante y de Mercasevilla, empresas en las que nunca trabajó, por su parte, ha asegurado que también es "víctima de un engaño" porque, aunque recibió al menos 150.000 euros, no se benefició del dinero.

En su declaración durante dos horas ante la juez, la mujer ha asegurado que abrió una cuenta a su nombre por indicación de su vecino de toda la vida Francisco González, al que se refirió en todo momento como "Paco", por hacerle un favor y porque lo conocía desde niño.

En esa cuenta le ingresaron unos 150.000 euros que el comercial habría extraído a través de cajeros automáticos y sin que ella se aprovechara del dinero, según ha dicho a los periodistas su abogada, Fabiola Guillén, quien ha precisado que la juez imputa a la mujer los delitos de prevaricación, apropiación indebida y tráfico de influencias.

El comercial habría extraído el dinero de su cuenta corriente siempre a través de cajeros automáticos y en las máximas cantidades permitidas, 600 euros.

El vecino también le hizo la declaración de la renta y el dinero de las devoluciones, en torno a unos 1.500 euros, se lo ingresó durante cinco años y a partir de 2005 en una cuenta de la mujer "para que se tomara unas cervecitas", único motivo por el que, según la abogada, podría ser imputada.

La abogada ha recordado que el comercial quiso darle el dinero en mano a la mujer, aunque ella no quiso porque afirmó que le hacía el "favor" de abrir la cuenta a su nombre gratuitamente, por lo que el dinero de las devoluciones de la renta se lo ingresó en su cuenta.