La exalcaldesa de Serranillos del Valle (Madrid) y actual portavoz del Grupo municipal 'popular', Olga Fernández, ordenó dos días antes de dejar su cargo el pasado 11 de junio el abono de un total de 23.093 euros a familiares directos a través de varios pagos que realizó el Ayuntamiento y que incluían, además, una partida de 6.483 euros correspondiente a su propia nómina de junio y a la liquidación de 2011.
Según los documentos, el Consistorio abonó un total de 11.740 euros al padre de la exalcaldesa, Evelio F.F., en concepto de alquiler de una nave del Ayuntamiento ubicada en Camino de Batres.
Este abono figura dividido en siete pagos correspondientes al arrendamiento del periodo que abarca desde noviembre de 2010 a mayo de 2011.
Además, otro familiar de la exregidora, I.F.F., pudo cobrar 11.347 euros por el alquiler de un local en el número 27 de la calle Madrid del municipio arrendado para Policía local. La contabilidad refleja ocho pagos de 1.418 euros cada uno correspondientes a los tres últimos meses de 2010 y los cinco primeros de este año.
Los pagos a ambos familiares se enmarcan en los abonos por importe de 236.718 euros para pagar a proveedores que llevó a cabo el Ayuntamiento los días 9 y 10 del pasado mes de junio. Un día después, el 11, se produjo el acto de investidura que apeó a Olga Fernández de la Alcaldía tras las elecciones de mayo y dejó paso al actual regidor, Antonio Sánchez, del independiente UDMA.Pago de nóminas
En la relación de pagos figuran, además, varios apuntes por concepto de nóminas. Así, el expediente 2/2011000001680 recoge un importe de 6.483 euros para la propia Olga Fernández. En el apartado de 'texto de operación' figura la descripción: 'Nónima Junio y Liquidación 2011'.
De igual forma, aparecen otros pagos de nóminas a exconcejales de Gobierno, como a María Carmen Mejías --edil de Educación la pasada Legislatura-- por importe de 2.518 euros y a María del Pilar Montero --exconcejala de Servicios Sociales y Tesorera del Ayuntamiento-- por una cantidad de 2.519 euros.
En la descripción figura también la justificación 'Nómina de Junio y liquidación 2011', como en el caso de los 3.244 euros que percibió la exconcejala de Personal y primera teniente de alcalde, Rosana Pereira.
Mientras, José María Fernández --exedil de Festejos-- recibió 258 euros; y Fernando Fernández y Rosa Rey, 125 euros cada uno. En estos tres casos no figura el concepto 'liquidación', sólo el de 'nómina' correspondiente al mes de junio, porque no estaban liberados.
En el listado contable aparecen, por otro lado, algunos datos llamativos, como el apunte de 1.971 euros justificado como 'pago por kilometraje desde enero a junio de 2011'.
Y frente a los pagos como los 13.556 euros por el servicio de comedor en una escuela infantil y un Centro de Día, figuran desembolsos de más de 16.000 euros a una agencia de publicidad por varios trabajos o los 2.838 euros a una empresa por la reparación de varios vehículos.La fiscalía
El alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez, ha adelantado que su Gobierno estudia la interposición de una denuncia "en la Fiscalía y en el Tribunal de Cuentas"para determinar la legalidad de estos pagos, ya que, a su entender, "se podría haber saltado la prelación de pagos" en la Administración local.
En este sentido, ha declarado que la exregidora "omitió" todas las "tramitaciones esenciales" que requiere la fiscalización municipal, y ha informado de que los abonos propiciaron que las "arcas municipales quedasen vacías", lo que propició retrasos en el pago de las nóminas con el cambio de Gobierno.Versión del PP
Por su lado, fuentes del Grupo municipal del PP de Serranillos han admitido que se realizó el pago al padre de la regidora, pero han precisado que se trata de un contrato que data del año 2000, "cuando Olga Fernández no era alcaldesa aún".
Además, los 'populares' han explicado, a través de un comunicado, que con los pagos "no se ha producido ningún tipo de alteración en la prelación de pagos, en cuanto a la antigüedad, mas allá de lo que permite la legalidad".
De hecho, los 'populares' han manifestado que "prueba de ello es que el interventor no ha puesto ningún reparo de legalidad a ninguno de los pagos realizados".
Además, han manifestado que "todos los pagos realizados mensualmente se correspondían con facturas presentadas en el Ayuntamiento en base a contratos en vigor, lo que hacía legales todas las transacciones".
Este hecho, según el PP, queda "demostrado a través de las facturas aprobadas y contabilizadas y los pagos revisados y firmados por el interventor del Ayuntamiento sin realizar ningún reparo de legalidad".
En cuanto a las advertencias de acudir a Fiscalía, el Grupo 'popular' ha asegurado que el Gobierno "entrante está amenazando constantemente con acudir al Fiscal o a los Tribunales con este tema, pero no acude". En este punto, han afirmado que hay "tranquilidad absoluta" porque no tienen "ningún problema en acudir ante los tribunales".
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