La familia couso denuncia ante la fiscalía los contactos con la embajada de eeuu

La familia de José Couso interpondrá en los próximos días una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos contactos mantenidos entre el Gobierno y la propia Fiscalía con la Embajada de Estados Unidos para frenar la investigación judicial del asesinato en Iraq del cámara de Telecinco, según se desprende de los cables destapados por Wikileaks.
Así lo anunciaron este viernes Javier Couso, hermano del cámara, y los abogados de la familia, durante una rueda de prensa en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) junto a dos de los testigos que presenciaron el crimen, los periodistas Olga Rodríguez y Carlos Hernández.
El abogado Enrique Santiago consideró que hay "indicios racionales" para pedir a la Fiscalía que "investigue si es cierto lo que dicen los telegramas" destapados por Wikileaks.
En esos cables, la legación norteamericana en Madrid revela contactos con el Gobierno y el fiscal general en los que estos habrían mostrado una posición favorable a obstaculizar la investigación puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Para el letrado, hay base para sospechar, al menos, de la comisión por parte de las autoridades españolas de un delito de encubrimiento, tipificado en el artículo 451 Código Penal.
"Entendemos que hay indicios racionales de delito. Si la Fiscalía archiva el caso, estudiaremos acudir a otras instancias", dijo el abogado, que destacó la irregularidad que supone que la Fiscalía informara del caso a la embajada, pese a no ser parte en el caso, y no a la familia de la víctima.
DIMISIONES
De forma paralela a esta actuación, los testigos del crimen ocurrido en Bagdad en 2003 explicaron que días atrás recibieron una notificación del juez Pedraz en la que les solicita distinta documentación para el próximo viaje que se propone hacer con ellos a Iraq para la reconstrucción "in situ" del asesinato de Couso.
Carlos Hernández, que cubrió la guerra para Antena 3, señaló que los cables de Wikileaks tienen de positivo que reflejan "que teníamos razón quienes sostuvimos desde el principio que aquello fue un crimen de guerra y un ataque premeditado por parte de las tropas estadounidenses".
A su juicio, después de los cables de Wikileaks, el fiscal general del Estado y algún otro implicado en las conversaciones con la embajada "deberían haber dimitido ya".
Olga Rodríguez, la enviada de la Cadena Ser presente en el ataque al hotel Palestina en que murió Couso, comentó que "la separación de poderes ha quedado en entredicho" con los papeles de Wikileaks.
Javier Couso insistió, como viene haciendo en los últimos días, que se sienten engañados "vilmente" por el Gobierno y la Fiscalía, y lamentó que, a día de hoy, nadie del Ejecutivo les haya llamado para darles una explicación por lo de Wikileaks.
"Nos hubiera gustado que tuvieran la misma celeridad que mostraron al llamar a la embajada. Pero parece que la nacionalidad estadounidense importa más", dijo.
En representación de la Asociación de la Prensa de Madrid, su presidente, Fernando González Urbaneja, denunció la "doble moral" de la que ha hecho gala el Gobierno con este caso.