La fape y la apm rechazan que el cgpj pueda "amordazar" a los medios

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) mostraron hoy su rechazo al anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenar a un medio de comunicación que deje de informar sobre el trabajo de un magistrado que considere perturbado su sosiego y ecuanimidad.
La presidenta de la FAPE, Elsa González, declaró a Servimedia que la norma "supone un paso atrás en la libertad de información, y, por ende, a la libertad del ciudadano a recibir una información libre y veraz, un derecho que protege y garantiza la Constitución"
A juicio de González, 2hablar de 'delito' contra la adminsitracion de justicia y, específicamente, de prisión, atenta, incluso, contra la libertad de expresión".
"Es obligación del periodista ofrecer los datos y la opinión sobre hechos verificados. Un derecho, recuerdo, que reposa en el ciudadano", agregó la responsable de la FAPE.
La APM denunció en un comunicado que "la mencionada norma atenta claramente contra los derechos a la libertad de expresión y a la información consagrados en la Constitución y pilares del sistema democrático".
La APM subraya que no puede limitarse el derecho constitucional a la información veraz y de interés público, sea cual sea la misma. "Los medios y los periodistas tienen derecho a dar a conocer al público cualquier información veraz y de interés de la que tengan conocimiento. No se puede exigir a ningún medio que deje de publicar lo que conoce siempre que haya comprobado bien sus fuentes, aunque ello sea causa de que un magistrado considere perturbado su sosiego y ecuanimidad".
La APM alerta de que, si esta norma es aprobada y convertida en ley, toda opinión sobre la actuación de un juez puede llegar a ser estimada por el CGPJ como un ataque a la independencia del magistrado, un ataque que puede tener consecuencias penales para los periodistas por el mero hecho de realizar su trabajo.
El Gobierno, a juicio de la entidad que preside Carmen del Riego, "parece empeñado en promover y aprobar leyes con normas que limitan los derechos a la libertad de expresión y a la información, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Seguridad Ciudadana o la prevista Ley de Enjuiciamiento Criminal, olvidando que solo a través de una información libre y veraz se garantiza la existencia de una opinión libre, condición absolutamente necesaria para el correcto funcionamiento del sistema democrático".