La Fiscalía de Guatemala tiene una deuda con víctimas de guerra, dice fiscal

  • La fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, la primera mujer en ocupar esa posición y la primera también en investigar el supuesto genocidio ocurrido en el país durante la guerra, dijo hoy que la institución que dirige tiene una deuda con las víctimas de la represión militar.

Guatemala, 6 abr.- La fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, la primera mujer en ocupar esa posición y la primera también en investigar el supuesto genocidio ocurrido en el país durante la guerra, dijo hoy que la institución que dirige tiene una deuda con las víctimas de la represión militar.

"Hay una deuda del Ministerio Público con las víctimas que durante tantos años habían esperado justicia. Y gracias a su valentía y esfuerzo es que este caso luego de diez años llegó por fin a juicio", dijo Paz y Paz en una entrevista con Efe.

El esclarecimiento de los miles de crímenes ocurridos durante la guerra interna de 36 años que vivió Guatemala (1960-1996), "son una gran prioridad" de su Administración, señaló, "porque son graves violaciones a los derechos humanos".

La claridad de los fiscales para "hacer una investigación seria", así como "la ayuda de otros actores" como los supervivientes y familiares de las víctimas, los peritos y expertos, explicó Paz y Paz, fueron elementos indispensables para armar el caso en contra del general golpista José Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio y crímenes de guerra.

Han sido "un concurso de situaciones que llevan a que este caso, que tenía ya más de diez años, la primera querella se presentó en 2000 y la segunda en 2001, llegue a donde esta ahora", señaló la fiscal, tras detallar los antecedentes jurídicos que permitieron que por primera vez en la historia de Guatemala un exjefe de Estado de facto fuera sentado en el banquillo de los acusados.

Ríos Montt, y su antiguo jefe de Inteligencia Militar, el también general retirado José Rodríguez Sánchez, son acusados por la Fiscalía como autores intelectuales de la muerte de 1.771 indígenas de la etnia ixil, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, en al menos 16 matanzas colectivas que fueron perpetradas por el Ejército.

"Hay prioridades en la persecución penal, y el esclarecimiento de los delitos contra la vida es una prioridad, hayan ocurrido ahora o durante la guerra", aseguró Paz y Paz, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2010.

El Derecho Internacional, agregó, señala que el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad "no le interesan solo al país (donde ocurrieron) sino a la comunidad internacional en su conjunto. Toda la humanidad está demandando que estos casos se juzguen".

Más que "valiente" por haberse atrevido a llevar ante la Justicia a antiguos exaltos cargos militares como Ríos Montt, que es considerado un icono en la lucha anticomunista en la conservadora sociedad guatemalteca, Paz y Paz prefiere definirse así misma como "responsable".

"Yo me considero una fiscal que le gusta mucho su trabajo, y lo intenta cumplir con toda la responsabilidad posible. Una guía muy importante en el trabajo es: Hay un hecho, ese hecho es un delito, hay que juzgarlo, sea quien sea el responsable, esa es la guía que se utiliza acá", explica.

Seguir esa guía le ha costado a esta doctora "cum laude" en Derechos Humanos y Derecho Penal por la española Universidad de Salamanca, ataques, demandas judiciales y campañas de desprestigio de parte de grupos vinculados con los antiguos militares.

La acusan de izquierdista, de haber militado junto a varios de sus familiares en grupos guerrilleros y de buscar venganza en contra del Ejército por haber perdido la guerra.

"No es difícil encontrar explicaciones" del por qué de esos señalamientos, dice.

Se trata, explica, "de una estrategia" de los militares, "que no argumentan con pruebas en los tribunales". "Es una campaña en mi contra".

Fue elegida como fiscal general de Guatemala "por sus méritos", y "nunca", asegura, ha "militado en ningún partido político. Ni entonces ni ahora".

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