La Fiscalía de Madrid, en entredicho por sus decisiones sobre cargos madrileños

La Fiscalía de Madrid no pasa por sus mejores momentos. Varias resoluciones judiciales han puesto en jaque durante las últimas semanas la actuación del Ministerio Público que dirige Manuel Moix. En ellas, los jueces se oponen a las recomendaciones favorables a altos cargos madrileños que lleva a cabo la Fiscalía, que, sin embargo, ha mostrado mano dura contra el magistrado Elpidio José Silva por ordenar el encarcelamiento en dos ocasiones del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

Moix decidió encargarse personalmente de llevar al banquillo de los acusados al juez instructor por varios delitos: prevaricación, contra la libertad individual del exbanquero y retraso malicioso. El Ministerio Público solicitó 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia; en concreto, aquellos que impliquen el ejercicio de la función jurisdiccional. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene pendiente de dictar la sentencia y anunciar si da la razón al fiscal y a Blesa o al magistrado.

Al fiscal superior de Madrid no le bastó con la suspensión cautelar de Silva en el Juzgado hasta que se conozca si queda apartado definitivamente por condena. También solicitó la apertura de una nueva causa contra este mismo juez por revelación de secretos. Sospechaba que Silva había filtrado a varios medios de comunicación todos los correos electrónicos que el expresidente de Caja Madrid había enviado y recibido durante toda su etapa en la entidad. Estos correos fueron requisados mientras instruía la causa por la que se investigaba la compra del Banco de Miami, realizada por el la caja madrileña, a un precio superior al del mercado.

Silva está imputado por esa nueva causa. Se citó a declarar a los periodistas que habían publicado esos correos electrónicos y a las personas que pudieron están en connivencia con el juez. Incluso se ha llegado a hacer en esta causa algo poco habitual: tomar testimonio como testigo protegido a una exnovia de Silva que declaró a la Policía con quién se relacionaba el magistrado imputado y a quién pudo facilitar los email.Levanta la mano con el jefe de la Policía Municipal

Esta actuación de la Fiscalía, que fue calificada por varias fuentes jurídicas de "excesiva", ha ido unida a otras decisiones contrarias al criterio de los jueces y que tienen que ver con altos cargos. A la vuelta de verano, el juez de Madrid Eduardo López Palop le dio un duro revés al Ministerio Público al decidir incorporar como imputado en el auto de conclusión del 'Madrid Arena' al jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. El fiscal entendía que el alto mando de la policía madrileña no era responsable de ningún tipo en la muerte de las cinco jóvenes por la avalancha sufrida en una fiesta celebrada en el recinto del Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012.

Sin embargo, el instructor consideró que Monteagudo, que dimitió tras conocer su decisión a pesar de tener el apoyo de la Alcaldía, debe ser enjuiciado por cinco delitos de homicidio imprudente y diez de lesiones. En su auto, argumentó que el macro botellón que hubo en los alrededores del recinto fue una de las causas de la tragedia y que la presencia policial fue "contemplativa, insuficiente, esporádica" y denotó "una pasividad inadecuada para la gravedad de los hechos que estaban aconteciendo".

El fiscal superior defendió la inocencia de Monteagudo y aseguró públicamente que el botellón que tuvo lugar en el exterior del recinto no fue determinante ni causa de la tragedia. "No influyó porque la gente entró por las requisas. Sí influyó el sobreaforo o la descoordinación de la seguridad en el interior del recinto", dijo tras conocer el auto de Palop.Resta importancia a la fuga de Aguirre

El último episodio protagonizado por la presidenta del PP madrileño y expresidenta de la Comunidad de Madrid también ha provocado críticas a la Fiscalía de Madrid. Tras la fuga de Esperanza Aguirre de unos agentes de movilidad y de la Policía Municipal cuando estaba siendo multada por aparcar en un lugar prohibido en plena Gran Vía, la Fiscalía de Madrid defendió que se le investigara únicamente por una falta, como así hizo el juez que instruye la causa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid les quitó la razón y les obligó a seguir la causa de la dirigente 'popular' por un delito de desobediencia.

En este caso, Moix explicó públicamente que el incidente de tráfico no tiene la entidad suficiente para ser considerado como delito, sino como una falta de desobediencia leve, y entiende que procesalmente lo correcto es tramitarlo como un juicio de faltas, tal y como acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle.

Sin embargo, a juicio del tribunal, los hechos denunciados "vendrían a suponer una desobediencia tenaz, contumaz y rebelde, decidida y terminante, representada por múltiples actos concretos de desobediencia a un agente de Movilidad y a los policías municipales, acompañada la desobediencia incluso de expresiones de menosprecio hacia los agentes". "Debe incluso señalarse, a mayor abundamiento, que los actos de desobediencia tuvieron lugar en la vía pública, en una zona muy concurrida, por lo que incrementaría la gravedad de los actos de desobediencia al lesionar en mayor grado la dignidad del ejercicio de la función pública llevada a cabo por los agentes de la autoridad", valoró la Audiencia Provincial.

Esta resolución obligó al instructor a citar a Aguirre en calidad de imputada. Durante el interrogatorio, la Fiscalía se limitó a escuchar y a no hacer preguntas, a pesar de que la presidenta de los 'populares' madrileños aseguró que no se dio a la fuga, habiendo imágenes que demuestran lo contrario. También dijo que no vio a la Policía, cuando éstos le siguieron hasta su casa y le pidieron que parase su vehículo, a lo que Aguire hizo caso omiso. Incluso negó que uno de los agentes estaba delante del coche cuando ella aceleró.