La Fiscalía española pide una nueva declaración del yerno del rey de España

Palma (España), 19 ene.- La Fiscalía Anticorrupción española solicitó hoy que vuelva a declarar el yerno del monarca español, Iñaki Urdangarín, imputado en un presunto caso de corrupción, junto a su exsocio, Diego Torres.

El ministerio fiscal registró esta petición ante el juzgado de Palma, en las Islas Baleares, que instruye el llamado caso Nóos, sobre el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido por Urdangarín de 2004 a 2006.

La Fiscalía estaba pendiente de recibir un informe adicional elaborado por la Agencia Tributaria de España acerca del supuesto desvío a paraísos fiscales de dinero cobrado por Torres y Urdangarin a través del entramado empresarial del Instituto Nóos.

El llamado caso Nóos investiga el supuesto desvío al citado instituto de más de 6,1 millones de euros de los gobiernos regionales de Baleares y Valencia entre 2004 y 2007.

Urdangarin declaró ante el juez José Castro el 26 de febrero de 2012 y señaló a Torres como responsable de las cuestiones contables de Nóos, ya que afirmó que su función era únicamente llevar las "relaciones institucionales a gran nivel".

La petición de una nueva comparecencia coincidió con las declaraciones que realizaron este sábado en el juzgado el testigo Jan Gui Urdangarin, sobrino del duque de Palma, y el empresario catalán Joaquim Boixareu, imputado en la causa.

Su sobrino admitió ante el juez que hizo de "mensajero" para su tío, quien le entregaba sobres cerrados que nunca abrió, los repartía y recibía otros sobres a cambio, también cerrados, que entregaba al duque de Palma.

Por su parte, Boixareu afirmó que no fue en ningún momento un "hombre de paja" de Iñaki Urdangarin y que constituyó en diciembre de 2006 la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social por encargo al duque de Palma como favor personal al pensar que haría un servicio a la sociedad.

Está previsto que en los próximos días el juez Castro decida sobre la petición de una fianza de responsabilidad civil para Urdangarin y Torres, que la fiscalía cifró en 8,1 millones de euros (unos 10,7 millones de dólares).