Sevilla, 2 jun.- Un informe de la Guardia Civil, entregado a la juez que investiga los ERE fraudulentos, reprocha la pasividad de la Intervención General de la Junta ante el "importante menoscabo de fondos públicos" que causaban unas ayudas que prescindían "de forma total y absoluta del procedimiento".
Dicho informe, al que ha tenido acceso Efe, dice que pese a sus sucesivas advertencias a los responsables de las agencias andaluzas IFA e IDEA, a través de las que se canalizaron las ayudas investigadas, éstos "no adoptaron de manera reiterada las medidas necesarias para solventar las deficiencias", por lo que la Intervención debió elevar los correspondientes informes de actuación.
"Dada la importancia de las deficiencias plasmadas en dichos informes, que recogen incluso la asunción de obligaciones de 40 millones de euros sin cobertura presupuestaria", los documentos de la Intervención iban dirigidos y "debían ser conocidos por el propio consejero de Economía", que entonces era el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán.
"En todo caso, era responsabilidad del viceconsejero, como receptor de los informes, haberlos hecho llegar al titular de la Consejería o haberle comunicado el contenido de los mismos", máxime cuando IFA/IDEA "era una entidad reiteradadamente incumplidora" que tenía encomendado el pago de fondos públicos de varias Consejerías, añade la Guardia Civil.
La juez que investiga los ERE, Mercedes Alaya, ha decidido suspender las declaraciones previstas para junio y julio, que incluían a varios "intrusos" en los expedientes y al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas para estudiar este "relevante atestado" de 304 folios, las "personas que en él se mencionan" y abrir posibles nuevas vías de investigación.
En otro de sus apartados, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dice que julio de 2009 es una "fecha objetiva" en la que los responsables de la consejería de Empleo conocían la "multitud de irregularidades" en unas ayudas que se estaban otorgando sin cobertura legal y de forma "discrecional".
Dicho informe recoge un fax enviado en julio de 2009 por el gabinete del consejero de Empleo, entonces el encarcelado Antonio Fernández, en el que respondía a unas recomendaciones del bufete Garrigues y reconocía que al tratarse de ayudas "excepcionales, directas, facultativas o discrecionales" podrían ser impugnadas por "trabajadores que hubieran visto frustradas las mismas pretensiones".
Cuando Juan Márquez, ya imputado, llegó en 2009 a la dirección general de Trabajo solicitó dicho informe para analizar la legalidad del procedimiento y por ello el fax enviado por el gabinete del consejero "pone una fecha objetiva al conocimiento por parte de los responsables de la dirección general y de la Consejería de la multitud de irregularidades cometidas hasta la fecha en la gestión, tramitación y concesión de las ayudas en sus distintas variantes", dice la UCO.
Pese a ello, ni Fernández ni su entonces viceconsejero, el también imputado Agustín Barberá, "trasladaron los hechos al juzgado ni a la Fiscalía, a pesar de su gravedad" y pese a ser conscientes de su tramitación irregular.
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