La inversión en justicia gratuita descendió un 4% en 2010 por la crisis

Madrid, 9 nov.- La inversión de las Administraciones públicas en la gestión de la asistencia jurídica gratuita en 2010 en España alcanzó los 256,6 millones de euros, lo que supuso un 4 por ciento menos que en el año anterior como consecuencia de la crisis.

Así se refleja en el quinto informe del Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la editorial La Ley, que revela que el descenso de la inversión en justicia gratuita en 2010 rompió la tendencia al crecimiento que se venía produciendo en los años anteriores, con aumentos del 21 por ciento en 2009 y en torno al 11 por ciento entre 2006 y 2008.

Casi 1,7 millones de ciudadanos recibieron asistencia jurídica gratuita el año pasado, lo que supone un 5,5 por ciento menos que en 2009, según el informe, que sitúa el coste por persona atendida y por asunto entre los 154 y los 160 euros.

Andalucía fue la comunidad autónoma con mayor población atendida, con más de 380.000 personas, seguida de Cataluña (más de 280.000), Madrid (más de 277.000) y la Comunidad Valenciana (más de 176.000).

Del total de asuntos de justicia gratuita tramitados durante 2010, más de 871.000 correspondieron al turno de oficio, más de 666.000 a asistencia letrada al detenido y más de 61.000 al servicio de violencia de género.

El coste de la justicia gratuita descendió un 16 por ciento en Canarias, así como en Cataluña y Valencia (10 por ciento), Madrid (9 por ciento) y Andalucía (3 por ciento).

De la inversión total, el turno de oficio acaparó el 66 por ciento, seguido de la asistencia letrada al detenido (22 por ciento), el servicio de violencia de género (4 por ciento) y los importes recibidos por los Colegios de Abogados en concepto de gastos de infraestructura para financiar la gestión de estos servicios supusieron el 8 por ciento.

Dentro del conjunto de la inversión de las Administraciones públicas, Cataluña fue la autonomía con mayor inversión en justicia gratuita (24 por ciento), seguida de Madrid (18), Andalucía (17), la Comunidad Valenciana (9), Canarias (6) y Galicia y el País Vasco (ambas con un 4 por ciento).

El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, señala en el prólogo del informe que las condiciones de los abogados que prestan este servicio, "a veces, no son ni siquiera las mínimas exigibles" debido a los retrasos crónicos en los pagos, los baremos no revisados desde hace años y los presupuestos insuficientes.

Carnicer considera que lo más grave es que los políticos trasladen a los ciudadanos que ese gasto es excesivo y, aprovechando la crisis económica, apunten soluciones para reducir el derecho a la defensa de los más desfavorecidos, transmitir falsas imputaciones sobre el interés de los abogados en pleitear y proponer la privatización y funcionarización de este servicio.

"Aunque son los propios políticos los que han aumentado legalmente en los últimos años el campo de aplicación de la justicia gratuita, algunos no parecen querer llevar a la práctica las decisiones del legislador", subraya el presidente del CGAE.

El comité de expertos del Observatorio ha recomendado a las diferentes Administraciones públicas que hagan consignaciones presupuestarias suficientes para afrontar con garantías su coste económico.

El responsable del CGAE ha destacado que una encuesta realizada por Metroscopia para el Observatorio de la Justicia Gratuita CGAE-La Ley pone de manifiesto que los usuarios del turno de oficio califican con un 6,9 de media la calidad del servicio en España.