La investigación de Fitur acaba en el TSJCV tras pasar por varias instancias

Valencia, 2 dic.- La investigación de la pieza del caso Gürtel sobre la contratación de la Generalitat con la trama para montar el pabellón valenciano en Fitur comenzó en la Audiencia Nacional en 2009 y, tras pasar por varias instancias judiciales, será juzgada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La investigación comenzó en la Audiencia Nacional, luego pasó al Tribunal Superior de Justicia madrileño, y este lo derivó al alto tribunal valenciano, el TSJCV, que llegó a fijar fecha de inicio de juicio oral para el pasado 31 de marzo.

Sin embargo, la dimisión como diputadas de dos procesadas aforadas en esta pieza días antes del juicio llevó al TSJCV a considerar que no era competente y que debía juzgarlo la Audiencia de Valencia, aunque un recurso de la Fiscalía contra esa decisión ha llevado al Tribunal Supremo a dictaminar hoy que debe juzgarlo el TSJCV.

El origen de esta investigación se remonta al 6 de febrero de 2009, cuando el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió una investigación contra una supuesta trama de corrupción ligada presuntamente a cargos del PP que operaba fundamentalmente en Madrid y Valencia y que bautizó como "Gürtel".

Ese mismo día, dos funcionarios de Justicia se personaron en la Conselleria de Turismo para reclamar los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo con Orange Market -la filial valenciana de la trama, dirigida por Álvaro Pérez "El Bigotes"- referidos al pabellón de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) de 2005 a 2009, durante el gobierno de Francisco Camps.

La Audiencia Nacional remitió la práctica totalidad del procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al haber aforados de su Asamblea, excepto la denominada "causa de los trajes", que concluyó en Valencia en enero de 2012 con la absolución de Francisco Camps, expresident de la Generalitat, y Ricardo Costa, ex secretario regional del PP.

Durante la investigación, el instructor del TSJM constató posibles irregularidades en la contratación entre empresas vinculadas a Correa y la Administración valenciana, y mencionaba como más significativos los expedientes de Fitur 2005 a 2009 y la contratación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por la visita del papa a Valencia en 2006.

Asimismo, citaba posibles delitos electorales en los comicios de 2007 por presunta financiación irregular del PPCV mediante el pago por empresas de deudas que tenía ese partido con Orange Market, además de una supuesta falsedad documental relacionada con los actos de este partido durante las elecciones generales de 2008.

El TSJM se inhibió entonces en favor del TSJ valenciano, que en mayo de 2011 aceptó la causa y la dividió en tres piezas: una sobre supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, otra por presunto delito de falsedad en las elecciones generales de 2008, y una tercera sobre posible prevaricación y cohecho en la contratación de Fitur.

En febrero de 2013, el instructor de la causa acordó abrir tres nuevas piezas separadas, referidas a los contratos de RTVV con motivo de la visita del papa a Valencia, los convenios entre la Generalitat y la red Gürtel (excepto los de Fitur), y los supuestos delitos contra la Hacienda de Orange Market.

De las seis piezas separadas, la referida a los contratos sobre Fitur es la más adelantada, ya que en diciembre de 2012 concluyó la investigación judicial, en julio de 2013 se abrió juicio oral contra los trece procesados, y en febrero de 2014 se señaló el comienzo de la vista para el 31 de marzo.

El magistrado del caso Gürtel en Valencia ha concluido la instrucción de la pieza sobre contratos de la Generalitat con la trama y ha procesado a 27 personas, entre ellas la cúpula de Gürtel, un diputado del PP y tres exconsellers, y ha retirado la imputación del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller.

Además, en julio acabó la instrucción y se dictó auto de transformación de procedimiento de la pieza número cinco, sobre contrataciones de la Generalitat con empresas de la trama, en la que hay procesadas 27 personas, entre ellas la cúpula de Gürtel, tres exconsellers y un exdiputado autonómico.