Madrid, 16 abr.- Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) propone recuperar la negociación colectiva en la distribución de la jornada y la regulación de la movilidad geográfica y funcional, con el fin de evitar "la arbitrariedad empresarial" de la reforma laboral del Gobierno, según sus enmiendas parciales al texto.
La Izquierda Plural (IP) ha presentado un total de 74 enmiendas al articulado del proyecto de ley de reforma laboral.
En ellas se reconoce que tanto la movilidad geográfica como la funcional pueden ser buenos mecanismos de flexibilidad interna siempre y cuando se negocien y se efectúen con garantías.
También se añade que la "imposición" del concepto de flexibilidad en la jornada no respeta el equilibrio entre las necesidades de las empresas y las necesidades personales de los trabajadores.
Además, el grupo parlamentario aboga por redefinir los motivos para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, determinando que existe causa si las medidas a adoptar "contribuyen a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación y perspectivas de la misma".
También existiría causa si se da una "más adecuada organización de recursos de la empresa, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda".
No obstante, IP elimina la posibilidad de modificar la cuantía salarial aunque se den estas razones.
Otra de las enmiendas suprime la posibilidad de realizar horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, algo que "resulta un auténtico contrasentido" y "desnaturaliza la esencia de esta forma de trabajo" según el grupo parlamentario.
IP defiende también que la inaplicación de los convenios sólo sea posible si está prevista en ellos o si hay "acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores".
De no ser posible este acuerdo intervendría la comisión paritaria del convenio.
Entre las propuestas también está la de impedir que el absentismo justificado pueda ser causa para un despido objetivo, algo que "choca con el derecho a la salud reconocido por la Comisión Europea".
Además, recupera la indemnización de 45 días por año trabajado para el despido improcedente con un máximo de 42 mensualidades, como recogía la normativa anterior a la reforma laboral del Gobierno.
Las enmiendas de IP pretenden que las Administraciones Públicas puedan realizar expedientes de regulación de empleo (ERE) de suspensión o de reducción de jornada, ya que el texto actual contiene "un mecanismo de enorme rigidez que obliga a la extinción de los contratos".
También ha presentado una enmienda para impedir que las empresas de trabajo temporal (ETT) puedan actuar como agencias de colocación.
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