La juez Alaya toma declaración a siete testigos de la venta de Mercasevilla

Sevilla, 21 jun.- La juez del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, toma declaración el próximo lunes y martes a siete testigos en la rama del caso referida a lo que ha calificado como "venta fraudulenta" de los terrenos de la lonja.

Los testigos son funcionarios del Servicio de Licencias de Sevilla que intervinieron en la primera ocupación otorgada a la inmobiliaria Sanma en los terrenos de la lonja; el jefe del área y dos abogados que intercambiaron comunicaciones sobre las condiciones en las que se produciría la venta.

En esta rama, uno de los cinco sumarios del caso Mercasevilla, están imputados Antonio Rodrigo Torrijos (IU), primer teniente de alcalde en el anterior mandato municipal, el exconcejal socialista Gonzalo Crespo, los sucesivos gerentes de Urbanismo Miguel Ángel Millán y Manuel Marchena, así como Domingo Enrique Castaño, asesor del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).

La juez acusa a los altos cargos y funcionarios municipales por haber hecho "un concurso a la medida" de la inmobiliaria Sanma y haber valorado las ofertas presentadas de modo que "beneficiaron ilegítimamente" a esta empresa, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 millones de su principal competidora, Noga.

Alaya ha mantenido estas declaraciones pese a que aún no se ha resuelto el recurso del fiscal pidiendo la nulidad de todo lo actuado desde diciembre y la retroacción de las actuaciones.

La juez dictó el 20 de diciembre de 2013 un auto por el que finalizó la instrucción y abrió procedimiento abreviado contra 16 personas, pero posteriormente decidió citar a estos siete testigos e incorporó a la causa los escritos de varios abogados, con su consiguiente documentación.

En su recurso, la Fiscalía entendía que ese defecto "es motivo suficiente de nulidad de todo lo actuado con posterioridad" al dictado de ese auto.

A efectos de nulidad, el fiscal cree que una vez dictado el auto de procedimiento abreviado, "no es procedente que la magistrada, tomando como base escritos de fechas anteriores, ordene de oficio la práctica de nuevas diligencias de prueba", ya que tal auto finalizó la fase de instrucción y abrió la fase intermedia.

Alaya ordenó "de manera intempestiva" esas nuevas diligencias, que "se hallan viciadas desde el momento en que se desconocía la existencia de esos escritos y de su aporte documental", según el recurso del fiscal que deberá resolver la Audiencia de Sevilla, una vez desestimado por la juez instructora.

Además de esta causa por la venta de los suelos y la referida a la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros -sobre la que ya hay sentencia firme- la juez Alaya mantiene abiertas otras diligencias por un presunto delito societario en la lonja, por la adjudicación de la guardería infantil y por los ERE de 2003 y 2007, causa esta última que se amplió a varias decenas de ayudas y ERE financiados por la Junta.