La magistrada que investiga si hubo prevaricación con la autorización del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, ha reclamado al Ministerio de Sanidad todas las recomendaciones que lanzaron sobre la amenaza del coronavirus. La instructora, ha acordado una batería de diligencias a cumplimentar todas antes del 1 de junio en aras a aclarar si la Delegación de Gobierno de Madrid contaba con información suficiente para suspender las marchas que se celebraron en la capital antes de que se declarara el estado de alarma.
Igualmente, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid cita a declarar para el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco, hasta la fecha único imputado de este procedimiento abierto el pasado mes de marzo. Junto con su comparecencia, señalada para las 9.00 horas, llama también en calidad de testigos a Fernando Talavera Esteso (secretario general de dicha Delegación); Luis María Sanz (jefe del gabinete) y José Luis Correa (director de la Unidad de Seguridad Ciudadana). Unas declaraciones que se prestarán por vía telemática debido a la crisis sanitaria.
La instructora da impulso de este modo a la investigación después de adherir a la causa la primera parte del atestado encargado a la Guardia Civil sobre la autorización de las marchas en Madrid, según informan a este diario fuentes jurídicas. Las mismas explican que en el marco de estas diligencias la Policía Judicial tomó declaración al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Ahora, la magistrada quiere más documentación para que los agentes sigan elaborando el atestado encargado y, por ese motivo, reclama al departamento que dirige Salvador Illa que dé cuenta de las recomendaciones lanzadas el pasado 3 de marzo, cómo las distribuyeron y, si se remitieron a la Delegación del Gobierno, fecha y cauce de envío.
21 manifestaciones desconvocadas
Rodríguez-Medel, que abrió diligencias en marzo tras admitir a trámite una denuncia del abogado Víctor Valladares, quiere en la causa el comunicado del 6 de marzo de la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, sobre la celebración de reuniones multitudinarias en los días previos a la declaración del estado de alarma, así como cualquier otro documento que advirtiera de "la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de la crisis sanitaria". Estas diligencias las acuerda después de que desde la Delegación de Gobierno negaran haber recibido alertas de la gravedad del coronavirus antes del 8-M.
Un extremo que desmiente el Ejecutivo madrileño. Fuentes del mismo explican que la Dirección General de Salud Pública avisó al juzgado de que sí informó al departamento que dirige Franco sobre el "riesgo inminente" de la pandemia en dos resoluciones sobre medidas sanitarias adoptadas el 6 de marzo. Por ese motivo, ahora, la instructora pide a la Delegación del Gobierno una relación de resoluciones de todas las manifestaciones de las que tuvieran constancia entre el 5 y el 14 de marzo; los expedientes que estaban pendientes de resolver y el oficio de 20 de abril en el que detallan que se desconvocaron 21 marchas en aras a esclarecer las fechas de esta actuación.
Ampliar el informe médico
La magistrada quiere que se remitan todos estos datos al médico forense al que le encargó el análisis para que lo amplíe en caso de que lo considere necesario. Sus conclusiones preliminares sobre este asunto llevaron a la magistrada a retirar la acusación de delito de lesiones imprudentes que pesaba sobre Franco y atribuirle únicamente prevaricación. La magistrada encargó un peritaje para aclarar si las marchas autorizadas entre los días 5 y 14 de marzo "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida y la integridad física de las personas" que participaron" en ellas. Las conclusiones preliminares determinaron que no se podía establecer una relación de causalidad entre acudir a una marcha multitudinaria, como la del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, y los contagios por coronavirus.
Finalmente, y en relación con las advertencias que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso asegura que difundió, se dirige al Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad para que informe sobre el día en que publicaron en la página web del Gobierno regional las medidas de precaución. La instructora quiere saber hasta cuándo estuvieron colgadas en la página web y no solo eso sino también esclarecer el cauce por el cual se comunicó a la Delegación del Gobierno la Orden 367/2020 del 13 de marzo relativa a las medidas de prevención para hacer frente a la crisis del coronavirus. La magistrada pone de fecha límite el primer día de junio para tener toda esta documental en su poder antes de tomar declaración a Franco el próximo 5 de junio.
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