La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que viajaron con él a Bélgica y que no acudieron ayer a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación.
El expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros habían sido citados a declarar el jueves en la Audiencia Nacional, pero en su caso y en el de otros cuatro exconsellers decidieron permanecer en Bélgica "mientras no se le garantice un juicio con todas garantías".
Una vez que no se presentó la juez que lleva el caso ha librado las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y las autoridades belgas tendrían que proceder al arresto de Puigdemont y los consellers que se negaron a volver. El proceso ante las autoridades belgas para la entrega del ex jefe del Ejecutivo catalán podría demorarse tres meses.
Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera a nuestro ordenamiento una directiva europea de 2002. El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.
Plazos de recurso
La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está imputado por malversación. En caso contrario, los delitos que se achacan al expresidente catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la orden de detención y entrega.
Según el ordenamiento jurídico belga, los ex altos cargos catalanes que no acudieran a su citación en la Audiencia serían detenidos y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden. Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días.
Tratado de la UE
Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver. Pero además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria. En ese caso, el proceso podría demorarse hasta los tres meses, según el acuerdo marco que regula la Euroorden.
La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea. En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios